Visión Financiera

¿Quién limpia la corrupción en el ISSSTE?

El ISSSTE, de Martí Batres, vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez por un concurso de limpieza que terminó en acusaciones de manipulación y favoritismo. La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó una denuncia en la que señala directamente al titular del Órgano Interno de Control (OIC), Luis Antonio García Calderón, por supuestamente intervenir en beneficio de dos empresas proveedoras de servicios de aseo.

La licitación identificada como LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025 habría sido dirigida para favorecer a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, así como a Aseo Privado Institucional. Según la denuncia, ambas compañías carecían de los requisitos financieros básicos, al no presentar estados contables completos, lo que legalmente debió descalificarlas de inmediato. Pese a ello, se les permitió continuar en la contienda.

Más grave aún es el señalamiento de que, a petición de esas empresas, el fallo del concurso se repitió sin llevar a cabo un nuevo análisis legal ni técnico. Esa decisión habría dado a los proveedores una ventaja indebida sobre el resto de los competidores, cuestionando la imparcialidad del proceso y la función del OIC como garante de la transparencia.

No es la primera vez que el nombre de Armot aparece ligado a inconsistencias. En licitaciones previas, el propio ISSSTE desechó su propuesta por no incluir costos indirectos de insumos, maquinaria ni equipo para el personal, lo que generaba dudas sobre la viabilidad del servicio. Paradójicamente, en la licitación de este año, con menos requisitos cumplidos, su oferta fue aceptada.

La ACUEC exige no solo sanciones administrativas contra García Calderón y las funcionarias señaladas, Janet Citlali Ramírez y Guadalupe Montserrat Ángeles, sino también una investigación patrimonial que determine si existió un beneficio económico a cambio de estas decisiones. El trasfondo es claro: la desconfianza ciudadana crece cuando los órganos de control, en vez de vigilar, terminan siendo parte del problema.

El ISSSTE no es cualquier institución. Atiende a más de 13 millones de derechohabientes y maneja un presupuesto que supera los 400 mil millones de pesos anuales. Cada contrato, incluso los aparentemente rutinarios como los de limpieza, representa un componente clave para el funcionamiento de hospitales, clínicas y oficinas administrativas.

Por ello, cualquier sospecha de manipulación en estos procesos no solo afecta la transparencia del gasto, sino que pone en entredicho la calidad de los servicios que millones de trabajadores al servicio del Estado y sus familias reciben día con día.

Este episodio evidencia una falla estructural en el sistema de contrataciones públicas. Lo ocurrido en el ISSSTE no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo los procedimientos pueden ser vulnerados desde dentro para beneficiar a unos cuantos. La pregunta de fondo es si habrá consecuencias o si, una vez más, las denuncias quedarán en letra muerta mientras la corrupción se normaliza en instituciones que deberían servir al interés público.

• El negocio perdido de Capufe

¿Le suena este nombre? Manuel Rodríguez Arregui, pues fue subsecretario de la SCT cuando la encabezaba Luis Téllez en el sexenio de Felipe Calderón, y todo indica estaría de vuelta, si es que alguna ves se fue, de la vida y los negocios públicos.

En semanas previas habría estado moviendo piezas en los medios de comunicación para denunciar una licitación que perdieron las empresas que durante años controlaron la operación y mantenimiento de equipos de peaje y telepeaje en las principales autopistas del país, estas parte de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Este personaje, ligado a Roberto Hernández, exdueño de Banamex y crítico férreo del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador, acusa que la propuesta ganadora fue más cara, pero omite que las compañías que defiende no presentaron ofertas completas, dejando partidas en blanco o con cifras simbólicas. La pregunta es inevitable, ¿por qué tanto interés en un contrato perdido?

Ante esto, en Palacio Nacional ya tomaron nota y, según fuentes de esta columna, tanto al interior de Capufe, al mando de Rubén Arturo Hernández Bermúdez, como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Omar Reyes Colmenares, junto con instancias judiciales tendrían en la lupa posibles maniobras para sabotear los servicios en las casetas mediante escritorios remotos.

El caso, que podría revelar vínculos de negocios y presiones políticas entre exfuncionarios y operadores privados, se perfila para escalar hasta las últimas consecuencias legales.

Al final, más allá de las declaraciones mediáticas, lo que está en juego es quién realmente controla (y a qué costo) el flujo millonario del peaje en las carreteras del país. No pierda de vista el nombre de las empresas Controles electromecánicos y Kapsch; así como Controles Electromecánicos y Kapsch TrafficCom.

• México ante el desafío del juego digital

TOME NOTA * La GAT Expo CDMX 2025 llega en un momento decisivo para una industria que busca definirse entre la tradición y la disrupción tecnológica.

Con AIEJA como anfitriona, el encuentro en Expo Santa Fe reunirá a operadores, proveedores, reguladores y expertos internacionales con el propósito de debatir sobre un marco normativo que hoy se percibe insuficiente.

La modernización de la Ley Federal de Juegos y Sorteos será uno de los puntos críticos para garantizar que México pueda sostener un crecimiento competitivo frente a otros mercados de la región.

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Solo así el país podrá convertirse en un referente en el desarrollo de la industria del entretenimiento y los juegos de azar en América Latina.