
¡¡¡PLOP!!!/Salvador Echeagaray
Un frente abierto en Nayarit
La semana pasada, la FGR recibió una denuncia de hechos contra José Gabriel Camarena Morales, coordinador general jurídico del gobierno de Nayarit. El funcionario, conocido en el ámbito político como El Chilango, es señalado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y abuso de funciones.
La denuncia, dado a conocer por diversos medios, apunta a la recuperación de predios de alto valor en Bahía de Banderas que, en lugar de quedar bajo dominio estatal, habrían terminado en beneficio de la empresa Artha Capital, vinculada a la cadena hotelera Marriott, para desarrollar el proyecto turístico “Nuevo Ícono de América”. Según el documento, detrás de esta operación se configuró una red que involucró al propio despacho Camarena & Compeán S.C., utilizado para recibir transferencias millonarias.
La ruta del dinero está detallada en la denuncia: entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022, el despacho habría recibido 14 depósitos por más de 36 millones de pesos. El arranque se dio el 13 de septiembre de 2021 con dos transferencias cercanas a 5.7 millones de pesos cada una.
Le siguieron depósitos de alrededor de 1.9 millones en noviembre y enero, otros dos de 1.94 millones en febrero de 2022 y, meses después, pagos de 1.88 millones en octubre y de 2.55 millones días más tarde. El ciclo cerró con operaciones de 2.47 y 2.42 millones en noviembre y diciembre de 2022. Todos en conjunto integran lo que la acusación describe como contraprestaciones por gestiones jurídicas y políticas.
El expediente también señala que, bajo el nombre de “Megaoperativo FIBBA Nuevo Nayarit”, se ejecutaron cateos, aseguramientos y expropiaciones que habrían carecido de sustento legal. La finalidad, según los denunciantes, fue que propiedades en litigio o ya vendidas regresaran a dominio estatal para luego canalizarlas a proyectos privados.
En paralelo, se habrían prometido y gestionado obras carreteras y caminos rurales con presupuesto federal para dar viabilidad a la zona turística en cuestión, a costa de retrasar infraestructura social en otras regiones del estado.
Lo que en la narrativa oficial se presenta como una “recuperación histórica” de más de 80 inmuebles desviados en administraciones anteriores, en los documentos entregados a la FGR aparece como un mecanismo de reasignación a favor de un grupo empresarial.
La entonces directora del Fideicomiso Bahía de Banderas, Ludmila Heredia Verdugo, así como funcionarios de la Fiscalía de Nayarit y del Poder Judicial local, son mencionados en la denuncia como parte del engranaje que habría facilitado las operaciones.
El perfil de Camarena Morales añade tensión al caso. No solo funge como representante del Gobierno de Nayarit en la Ciudad de México, sino que también ha sido señalado en columnas políticas como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, reportes previos lo han vinculado con presuntos fraudes fiscales y denuncias por abuso de autoridad. El cúmulo de señalamientos, reforzado ahora con una denuncia ante la FGR, golpea de lleno la narrativa de transparencia que el gobierno estatal ha buscado posicionar.
Hasta ahora, la FGR solo ha recibido la denuncia y deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación formal y, en su caso, judicializar. Rige la presunción de inocencia, pero el frente abierto exhibe un choque entre discurso y realidad: mientras se presume la defensa del patrimonio público, la acusación documenta cómo decisiones jurídicas y políticas se alinearon con transferencias millonarias a un despacho privado.
En Nuevo León, Samuel García se ha encargado de presumir modernización y grandes proyectos, pero la realidad que viven ciudadanos y empresarios dista mucho de ese optimismo.
Las obras estratégicas se acumulan en la lista de pendientes: el viaducto elevado de Morones Prieto fue cancelado por falta de avances ambientales, la Línea 5 del Metro no se concretó, la tercera pista del aeropuerto quedó en promesa, y el hospital infantil del Topo Chico sigue sin levantarse. Todo ello mientras el Mundial 2026 se acerca y la movilidad en Monterrey se complica cada día más.
El transporte público, clave para la competitividad, atraviesa una crisis: las nuevas líneas de Metro se redujeron, la compra de camiones eléctricos avanza a paso lento y el tráfico genera pérdidas diarias de miles de horas productivas.
A este escenario se suma la inseguridad, con municipios como Apodaca, Escobedo y Juárez bajo repunte de delitos de alto impacto y una extorsión que empresarios denuncian como un costo inevitable, ya sea del crimen organizado o desde instancias oficiales.
Aunque la inversión extranjera directa alcanzó más de 5 mil millones de dólares en 2024, se concentró en pocos sectores y no logró detonar un desarrollo integral. La relación con el gobierno estatal se ha tensado: la Coparmex advierte sobre la “extorsión administrativa” del SAT local y la Caintra critica la falta de consensos técnicos en materia ambiental.
En Rappi la expansión se cuenta con métricas en pantalla y no con discursos; el anuncio de apoyarse en Zoho marcó una forma de trabajar que privilegia entender cada mercado, iluminar el embudo comercial y reaccionar a tiempo, sin traicionar la consigna de pensar global y actuar local.
Lo que antes eran intuiciones ahora se vuelven rutina medible y transversal entre equipos, y la información crítica deja de dispersarse para convertirse en decisiones.
Detrás hay responsables con nombre y apellido: Julián Mayorca consolidó desde Rappi Ads la adopción de Zoho CRM y de la interfaz de línea de comandos, que simplifica la gestión financiera y alinea áreas; Raju Vegesna respaldó desde Zoho una alianza pensada para ordenar y escalar.
La operación se despliega en nueve países, con más de cuatrocientos mil comercios aliados, y necesita método; por eso, ventas, marketing y finanzas trabajan con el mismo pulso, y en consumo masivo y restaurantes ya se percibe una eficiencia que nace del proceso y no de la ocurrencia.
TOME NOTA * El titular del IMPI, Santiago Nieto, expuso en su Red Social X:
Con relación a la solicitud de registro de marca de Casa Frida presentada por Alejandro Martínez Araiza ante el @IMPI_Mexico el 26 de mayo del 2022, les comparto que el 20 de septiembre del 2023, se negó la marca por lo siguiente:
La denominación propuesta, al crear un vínculo con la artista Frida Kahlo es susceptible de generar un riesgo de asociación o causar un error o confusión entre el público.
Por la existencia del registro previo 1235423 FRIDA KAHLO. A la fecha no se tiene conocimiento que la resolución haya sido impugnada.
El @IMPI_Mexico actúa en el marco de la LFPPI y continuará en la misma posición defendiendo los derechos de los titulares de las marcas y protegiendo la Propiedad Industrial en México.