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GUADALAJARA, Jal., 16 de agosto de 2025.- Una pesadilla es lo que vive Salvador Navarro Gómez, de 68 años. En 2019 decidió invertir su dinero en un departamento del desarrollo Entorno Laguna, esto significaba el sueño de un hogar en la etapa de retiro.
El contrato firmado con Agustín N y Rosalva N, aseguraba entrega en noviembre de ese mismo año.
Hoy a cuatro años de hacer el trámite no hay edificio, no hay dinero y los presuntos responsables siguen libres.
“Me dejaron sin nada. Vendí hasta mis pertenencias para sobrevivir. Desde 2021 denuncié, las autoridades lo saben, pero no pasa nada”, relató Navarro, quien ahora depende del apoyo de sus hijos para poder salir del día a día.
Desafortunadamente esta historia no es la única, se repite en decenas de víctimas: adultos mayores, familias y pequeños inversionistas atrapados en un esquema de fraude que se extiende por todo Jalisco.
De acuerdo con las denuncias, los señalados, montaban oficinas en zonas comerciales de Guadalajara, presentaban papeles aparentemente legítimos y ofrecían desarrollos atractivos para todo tipo de inversionistas. En la práctica, la mayoría de los proyectos eran ficticios o quedaron en obra negra.
Las víctimas presentaron denuncias por fraude genérico —delito contemplado en el artículo 250 del Código Penal de Jalisco—, pero la Fiscalía no ha judicializado ninguna carpeta ni ha emprendido acciones para detener a los implicados.
“Se esfumaron, aunque sospechamos que ya operan con otros nombres”, afirma un abogado que asesora a los afectados.
“Queremos justicia, no limosnas. O nos devuelven el dinero o que paguen con cárcel”, sentencia Navarro.
Colectivos ciudadanos han anunciado protestas frente a la Fiscalía para exigir resultados.
El caso de Entorno Laguna se une a una lista de fraudes que han golpeado con fuerza a la entidad:
Los afectados reclaman respuestas concretas en tres frentes:
1. A la Fiscalía de Jalisco: explicar por qué no hay avances en las carpetas abiertas desde 2020.
2. Al Gobierno estatal: mecanismos para frenar proyectos fantasma.
3. Al Congreso local: reformas legales que protejan a adultos mayores y pequeños inversionistas.