Presentan trabajos para la implementación de la política anticorrupción

GUADALAJARA, Jal., 21 de julio de 2025.- Buscando reforzar la práctica de los principios de la política estatal anticorrupción, nacida de la corresponsabilidad de los Tres Poderes del Estado, municipios y sociedad civil, se llevó a cabo la Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), presidida por la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

La diputada Marta Arizmendi, en calidad de presidenta y en representación de las 38 diputadas y diputados, señaló que reconocen que la corrupción deteriora las instituciones, también mina la confianza del pueblo, frena el desarrollo y perpetúa las desigualdades.

“Por eso este programa institucional anticorrupción es un deber ético y una exigencia de los ciudadanos dar resultados concretos en transparencia y rendición de cuentas”, señaló.

Además enfatizó que este taller es para quienes laboran en el Congreso, e incluso para legisladores, y con ello reforzar la práctica de los principios de la política estatal anticorrupción, nacida de la corresponsabilidad de los Tres Poderes del Estado, municipios y sociedad civil.

El Secretario General del Congreso de Jalisco, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, dijo que espera que se tengan resultados en corto tiempo y con ello se promueva y logre la integridad y ética pública; impulsar la participación pública; disminuir la arbitrariedad en la gestión pública, y combatir la impunidad, los cuales buscan alcanzarse por medio de 225 acciones anticorrupción sugeridas, para atender prioridades locales definidas y que se implementarán de manera paulatina en el Congreso de Jalisco.

“El Congreso de Jalisco el día de hoy reafirma este compromiso, el de actuar con transparencia, integridad y, sobre todo, con responsabilidad, al diseñar, en conjunto estas políticas públicas para crear una guía de acciones concretas”.

El 21 de septiembre de 2023, los titulares de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de los gobiernos municipales y organismos constitucionales, firmaron un documento denominado Compromisos por la Política Estatal Anticorrupción (PEAJAL).