A decir verdad

Justicia ejemplar… pero no completa

Una de las sentencias más duras en la historia reciente de México se dictó esta semana en Jalisco. Diez hombres fueron condenados a más de 141 años de prisión por su participación en delitos de desaparición y homicidio. Fueron detenidos en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, un lugar que durante mucho tiempo fue señalado como centro de entrenamiento, reclutamiento forzado y desaparición de personas.

Estamos de acuerdo con esta medida. La gravedad del caso exigía una respuesta igual de contundente. Por fin vemos una sentencia a la altura del dolor y el horror que se vivió ahí. Ya no bastaban los comunicados oficiales ni las promesas vacías. Hoy, al menos en este caso, la justicia sí se hizo presente.

Sin embargo, no podemos quedarnos tranquilos todavía. Lo que sucedía en ese rancho no era obra de un puñado de criminales actuando por su cuenta. Un sitio de esas dimensiones, con decenas de indicios y rastros humanos, no opera sin la vista gorda —o el respaldo— de algunas autoridades. Y eso es lo que no podemos dejar pasar.

Exigimos que la ley llegue también a los autores intelectuales. A quienes, desde una oficina o con una placa en el pecho, permitieron o incluso facilitaron que lugares como el Rancho Izaguirre funcionaran. No importa el cargo ni el nivel, si estuvieron involucrados deben recibir la misma pena que los ejecutores.

De nada sirve castigar a los de abajo si los de arriba siguen libres. Si el sistema de justicia quiere recuperar la confianza de la gente, debe atreverse a subir más alto. Debe investigar a fondo quién dio órdenes, quién las encubrió y quién se benefició del silencio.

También creemos que esta sentencia no debe ser la excepción. Queremos que todas las personas que cometan este tipo de crímenes reciban el mismo castigo, sin distinciones ni beneficios por contactos o influencias. Si en este caso se impusieron 141 años, ese debe ser el estándar en cada proceso por desaparición y homicidio agravado.

Las víctimas y sus familias no solo piden castigo. Piden respuestas, piden verdad y, sobre todo, que este tipo de lugares no vuelvan a operar nunca más. Y para eso, el Estado debe actuar con coherencia: no solo condenando a los ejecutores, sino desmantelando las redes que permitieron su existencia.

Hoy aplaudimos esta sentencia. Es un paso importante. Pero también alzamos la voz para que la justicia no se detenga. Queremos que llegue al fondo, que toque a los verdaderos responsables y que se imponga sin distinción. Porque solo así podremos decir, algún día, que en este país se empezó a hacer justicia de verdad.