A decir verdad/Rubén Iñiguez

 
Una reforma con más sombras que luces
 
El 23 de abril de 2025, el Ejecutivo envió al Senado una propuesta de ley para sustituir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La iniciativa crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que absorberá funciones del antiguo IFT y de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones. A simple vista, busca modernizar el sector y mejorar la cobertura en zonas rurales. Pero varios de sus puntos generan dudas sobre un posible sesgo político y riesgos a la libertad de expresión.

En primer lugar, la ATDT tendría facultades para reasignar o recobrar frecuencias y recursos orbitales por “interés público” o “seguridad nacional”. Esa amplitud deja muy abierto el margen de interpretación. Si el gobierno define qué es “interés público”, podría afectar a operadores que no comulguen con la línea oficial. Además, la misma agencia otorgaría concesiones de todo tipo, incluso comerciales, lo que concentra en un solo ente el poder de decidir quién transmite y quién no.

Otro aspecto preocupante es la supervisión de contenidos y la capacidad de bloquear plataformas digitales. Aunque la iniciativa dice buscar protección de audiencias, podría volverse un instrumento de censura. La prohibición de mensajes de gobiernos extranjeros, reactiva una limitación de 2014.

El argumento oficial es evitar propaganda foránea, pero, en la práctica, puede servir para vetar críticas o reportajes incómodos. Esa rigidez choca con la necesidad de un espacio público abierto y plural.

En cambio, hay puntos positivos que conviene reconocer. Simplificar las reglas y promover la competencia puede traducirse en mejores precios y calidad, especialmente si se reduce la burocracia. La prioridad en comunidades alejadas —rurales, fronterizas y marginadas— puede ayudar a cerrar la brecha digital que aún persiste en México. Si la ATDT cumple sus funciones con transparencia, esos avances se sentirán en escuelas, centros de salud y hogares que hoy navegan con señal débil.

Sin embargo, el rechazo de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a la rapidez del proceso muestra la urgencia de un debate más profundo. Un texto de 309 páginas no se discute en horas. En las comisiones del Senado deben detallar la forma en que se medirá “el interés público”, los criterios para asignar concesiones y los límites claros para la supervisión de contenidos. Sólo así se asegurará que no se use la ley para favorecer a actores cercanos al gobierno.

La experiencia de la desaparición del IFT y del crecimiento vertiginoso del tráfico de internet —en buena parte impulsado por streaming— exige un marco actualizado. Pero una reforma sólida no se impone con prisa. Requiere tiempo y la participación coordinada de especialistas, empresas, comunidades y sociedad civil. De otro modo, terminaremos con una estructura que promete modernidad, pero en la que el poder político puede decidir quién habla y quién se calla.