A decir verdad 

El horror de los campos de exterminio no es exclusivo de Jalisco

México sigue encontrando rastros de su tragedia. Los recientes hallazgos en Tamaulipas, donde se localizaron al menos 10 campos de exterminio utilizados por el crimen organizado, confirman que la violencia no solo persiste, sino que se ha sofisticado. Estos sitios, usados para desaparecer cuerpos sin dejar rastro, son la prueba más brutal de que el país vive una crisis de seguridad que no se resuelve con discursos ni con cambios de administración.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por una estrategia que se autodenominó “abrazos y no balazos”, un lema que, en la práctica, dejó el camino libre a los cárteles. Durante años, los grupos delictivos ganaron terreno sin una respuesta contundente del Estado. La consecuencia es evidente: territorios bajo control criminal, poblaciones enteras sometidas y un país que acumula más de 100 mil desaparecidos.

Sin embargo, el nuevo gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, parece estar tomando otro rumbo. Aunque aún es temprano para evaluar su estrategia, el viraje es claro. La pregunta es si este cambio obedece a una genuina convicción de que la política de seguridad de López Obrador fracasó o si es resultado de la presión constante de Estados Unidos, que ha exigido acciones concretas contra el crimen organizado. Washington ha advertido que, de no haber resultados, impondrá aranceles más altos a productos y servicios mexicanos, una medida que podría afectar seriamente la economía del país.

La reciente detención de líderes criminales y la reactivación de operativos que en el pasado fueron evitados sugieren que el gobierno federal ya entendió que no hay espacio para la complacencia. La violencia en México no se va a resolver con buenos deseos ni con la promesa de atender las “causas” del crimen mientras los cárteles operan con absoluta impunidad. Se necesita firmeza, inteligencia y una verdadera coordinación con las fuerzas del orden.

Los campos de exterminio son una vergüenza nacional. Son la prueba de que, durante demasiado tiempo, el Estado dejó de cumplir con su función más básica: proteger a sus ciudadanos. La administración de Sheinbaum enfrenta una disyuntiva: o se convierte en el gobierno que finalmente detiene esta crisis, o terminará como otra administración más que acumula víctimas y excusas.