Policía Vial de Vallarta libra sentencia con el pago de 14 mil pesos

PUERTO VALLARTA, Jal., 10 de marzo de 2025.- La oficial de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta, Ofelia Jovita “N”, logró la suspensión condicional del proceso tras llegar un acuerdo para la reparación del daño a la víctima.

En audiencia celebrada en Puerto Vallarta, Luis Daniel Canales González Juez de Control y Oralidad del Octavo Distrito Judicial, concedió la suspensión condicional del proceso a la policía vial, beneficio previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Juez aceptó plan de reparación del daño a la víctima propuesto en el que se considera un pago $7,000 pesos por concepto de reparación del daño a la víctima, así como la donación de $7,000 pesos en favor del Centro de Apoyo a Niños con Cáncer (Canica), como reparación del daño a la sociedad.

Además, como condiciones a cumplir durante los próximos seis meses Ofelia Jovita “N” tendrá que residir en su domicilio, tomar un curso sobre las obligaciones del primer respondiente, y tiene prohibido frecuentar el domicilio de la víctima y molestarla por cualquier medio ya sea en persona o a través de un tercero.

En febrero de 2023, Ofelia Jovita “N” acudió como primer respondiente a atender un reporte de accidente vial en la colonia Emiliano Zapata, de Puerto Vallarta, del cual no reportó victimas a pesar de que una mujer resultó lesionada; no solicitó ambulancia para brindar atención a la víctima aun cuando la persona manifestó dolor y omitió hacer del conocimiento el accidente al Ministerio Público, permitiendo que la otra parte involucrada en el percance se retirara del lugar.

La Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Puerto Vallarta, recibió la denuncia de la víctima y posteriormente el Ministerio Público integró la carpeta de investigación.

La policía vial fue vinculada a proceso el 11 de abril del 2024, después de que la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada acreditara que Ofelia Jovita “N” incurrió en delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, al ejecutar actos o incurrir en omisiones en prejuicio de una persona, así como en abuso de su autoridad, al ejecutar actos atentatorios a los derechos humanos, como su derecho a la salud y la justicia.