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GUADALAJARA, Jal., 7 de diciembre de 2024.- Con más de 15 años en el Poder Judicial, donde se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretaria proyectista y directora del Centro de Estudios Constitucionales, la ministra Ana María Ibarra Olguín busca ser Magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras acudir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentó un libro sobre Prueba Pericial, Ibarra Olguín habló de la necesidad de disminuir la brecha en la impartición de justicia en México.
La magistrada, que ha trabajado, entre otros, en materia de derechos humanos, el derecho al consumo lúdico de marihuana, el derecho al aborto, derechos de las niñas, niños y adolescentes, busca que la justicia se impartida de verdad en el país.
«Esto significa nivelar la cancha de juego para en verdad impartir una justicia real. Necesitamos también, una justicia con sentido social, lo que significa pues que tenemos que tratar dignamente al justiciable, a las personas que acuden al sistema de justicia buscando la protección de los derechos», expresó.
Para ello -dijo- tenemos que comunicarnos de forma ciudadana, de forma, clara, que no podemos estar más escondiéndonos en este lenguaje barroco y abusando de los formalismos legales y procesales, no. Tenemos que buscar que el derecho sea una herramienta para la justicia, no un obstáculo para lograrlo.
Al ser cuestionada acerca de que si existe realmente esa brecha en la impartición de Justicia o solamente se trata de un argumento, toda vez que muchos de los fallos de los jueces deriva en una integración errónea de una carpeta o en algún fallo en el debido proceso, la magistrada respondió que sí. «Los jueces tenemos una responsabilidad mayúscula de enderezar el proceso, de pedir pruebas, tenemos a nuestro alcance en muchos mecanismos para eso, para dictar una justicia real y no estarnos escudos en lo que otros órganos han estado fallando, tenemos que hacer cargo de nuestras propias responsabilidades».
Reconoció que los procesos son largos, «los procesos son muy técnicos, los procesos privilegian a quién puede contratar un abogado de calidad. Las cárceles están llenas de pobres, creo que estas críticas son reales y que tenemos que atenderlas», añadió.