Visión Financiera/Georgina Howard 

Sombras en la gestión de Calleja

El inicio de la gestión de Emilia Esther Calleja Alor al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha quedado marcado por la controversia, no precisamente por sus proyectos energéticos, sino por las acusaciones que apuntan a uno de sus más cercanos colaboradores, Adrián Olvera Alvarado. Olvera, quien hasta hace poco dirigía la Empresa Subsidiaria Generación V, fue promovido a Coordinador de Asesores de la Dirección General, un nombramiento que ha levantado una ola de críticas internas y externas.

Desde 2020, diversas trabajadoras de la CFE han presentado quejas formales por acoso laboral y sexual en contra de Olvera. Las denuncias describen un ambiente laboral hostil, con testimonios que van desde la renuncia de una trabajadora afectada por lo que describió como “presión y acoso laboral y sexual”, hasta reclamos colectivos que señalan una cultura de impunidad dentro de la empresa. 

La organización feminista Ola Azul ha solicitado en las últimas semanas, investigaciones profundas y transparentes, pues demandan que la CFE actúe de forma inmediata para garantizar la seguridad de sus trabajadoras.

Sin embargo, las preocupaciones sobre Olvera no terminan ahí. A través de documentos obtenidos por mecanismos de transparencia, se ha revelado que Olvera facilitó la contratación de Ricardo Cerritos Jasso, esposo de Emilia Calleja, en un puesto dentro del área de compras de una empresa subsidiaria de la CFE, sin que este contara con la experiencia requerida. 

El sueldo de más de 27 mil pesos mensuales, asignado sin un proceso competitivo, ha añadido combustible a las acusaciones de nepotismo que acechan a la nueva administración.

A la par de las denuncias de acoso y prácticas cuestionables de contratación, la administración de Calleja enfrenta la amenaza de una demanda colectiva por despidos injustificados, que involucra a unos 60 servidores públicos. 

Los trabajadores afectados han denunciado que las recientes decisiones de personal no solo han violado normativas internas, sino que también han fomentado el amiguismo en áreas estratégicas.

La gestión de Calleja, que prometía un cambio y una renovación en la CFE, parece tambalearse bajo el peso de los escándalos. Mientras estos señalamientos sigan sin respuesta adecuada, el liderazgo de la nueva directora permanecerá bajo una constante sombra de duda.

*** Borran cuestionamientos en Guanajuato

El lunes pasado la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, mostró la esencia de lo que será su gobierno. 

Resulta que durante sus conferencias digitales en vivo “Conectando con la Gente”, en la cual supuestamente escucharía la voz de los ciudadanos de la entidad, su equipo de trabajo se dedicó a borrar los comentarios incómodos para la Gobernadora. 

En específico, los usuarios de la red social Youtube y X (antes Twitter) notaban que desaparecían las críticas a Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, secretario de Salud de Guanajuato, a quien evidenciaron por presuntos actos de corrupción en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la entidad, que dirigió desde 2023 y donde habría favorecido con contratos a empresas vinculadas con trabajadores del propio Hospital, entre otras supuestas irregularidades.

Por increíble que parezca, el sello de Libia Dennise promete ser el de esconder los escándalos de sus subalternos. 

Ojalá no haga lo mismo en temas como la inseguridad que afecta fuertemente a los ciudadanos que dice gobernar en una entidad donde el 87.5 % de la población se siente en peligro, según reporta la más reciente ENVIPE del INEGI, y no es para menos, pues cifras de Causa en Común, indican que en Guanajuato ha ocurrido el mayor número de masacres en 2024, con la ominosa cifra de 57 multi homicidios.

*** Impulso conjunto a la movilidad sostenible

TOMA NOTA *** La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México ha sido recibida con optimismo por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), que dirige Ricardo Serano, pues esperan colaborar con el nuevo gobierno para lograr un sistema de transporte más equitativo y sustentable. 

La movilidad, entendida como un derecho social, es una prioridad para mejorar la calidad de vida de la población, y el respaldo de la AMAM a esta visión destaca la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades federales y estatales para enfrentar los desafíos que presenta el sector. 

Un aspecto fundamental de este esfuerzo es la creación de la Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030. La colaboración entre AMAM, sector privado y banca de desarrollo es clave para garantizar que estas políticas respondan de manera efectiva a los problemas de movilidad actuales. 

Este enfoque estratégico permitirá impulsar un transporte más seguro, accesible y ambientalmente responsable, alineado con los compromisos internacionales y las necesidades locales del país.