Aristóteles Sandoval, 4 años de impunidad
GUADALAJARA., 24 de mayo de 2024.- Como difamaciones y mentitas calificó el Gobierno del Estado de Jalisco las denuncias de integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia de la presunta compra de votos en favor de Movimiento Ciudadano.
Por ello, a través de un comunicado dio a conocer que será presentada una denuncia penal en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en contra del Diputado Federal, Salvador Caro, coordinador metropolitano de la campaña a la gubernatura de Morena, quien puede estar influyendo o coaccionando indebidamente a beneficiarios de programas sociales. Su presencia en las oficinas de gobierno no se justifica y podría generar presión indebida en los beneficiarios para votar a favor o en contra de un partido, lo cual sí constituye un delito electoral.
Agrega que el programa Acceso a Oportunidades de Desarrollo Social existe desde el 2022 y su entrega es legítima y legal, en beneficio de los sectores más vulnerables, por lo que las acusaciones, afirma, se trata de manipulación y difamaciones partidistas.
En el comunicado advierte que con estas acciones atentan contra la atención integral a niñas, niños, adolescentes con cáncer y pacientes renales, entre otros grupos prioritarios con alguna necesidad urgente que atender y solventar.
“Durante el proceso electoral no se prohíbe la entrega de apoyos sociales, por lo que la distribución del recurso económico es totalmente legal, lo que no está permitido, es difundirlo o comunicarlo para inferir en la decisión de la ciudadanía al momento de ejercer su derecho a votar”, explica al citar el artículo 449 de la Ley general de instituciones y procedimientos electorales y el artículo 452 del Código electoral y participación ciudadana del estado de Jalisco.
Agrega que el programa en cuestión tiene claras sus reglas de operación, su presupuesto para este año y sus plazos de entrega para garantizar la atención a las familias en condiciones extremas de vulnerabilidad y de acuerdo con sus necesidades, por lo que su distribución no puede esperar a que los asuntos políticos o burocráticos retarden su oportuna intervención, lo que pudiera comprometer su salud y poner en riesgo su vida.
“Ninguna persona funcionaria de esta dependencia ha incurrido en algún delito y es totalmente falso que la entrega de este apoyo responda a un interés político”, finaliza.