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PUERTO VALLARTA, Jal., 28 de julio de 2023.- Por invalidar documentos certificados sin la presencia del promovente, Fernando “N”, auxiliar judicial, en la oficialía de partes de los juzgados civiles de Puerto Vallarta, fue vinculado a proceso por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.
En audiencia celebrada en los juzgados del Octavo Distrito Judicial, con sede en Puerto Vallarta, la jueza Ana Rosa Carrillo Dueñas, al escuchar a las partes resolvió vincularlo a proceso, tras considerar que el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción logró acreditar que el servidor público incurrió en delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público al ejecutar actos o incurrir en omisiones, en perjuicio de una persona, como establece el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Como medidas cautelares, la Jueza dictó la prohibición de salir del estado, acercarse o molestar a la víctima y presentarse a firmar periódicamente durante los próximos cinco meses.
En octubre del 2022, Fernando «N» presuntamente recibió documentación que presentó un abogado y cotejó frente a él los documentos, colocando sellos y firmas de validación y señaló que recibía un legajo de copias simples y un legajo de copias certificadas dirigidas a un juzgado civil.
Días después, el demandante, acude a los Juzgados Civiles a conocer el avance de su trámite y le comentaron que no fue procedente debido a la falta de copias certificadas del exhorto presentado; al revisar los documentos se dio cuenta de que en el documento entregado al juzgado estaba testada la palabra certificadas, lo que hizo improcedente su trámite.
Esa invalidez irregular le representó a la víctima viajar de nuevo a la Ciudad de México, para obtener de nuevo las copias certificadas, lo que le generó un gasto extraordinario y más tiempo para que se resolviera su asunto judicial, por lo que decidió denunciar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se integró la carpeta de investigación de la que resultó vinculado a proceso el servidor público.