Se acaba el tiempo y siguen sin aplicación las leyes que protejan recursos hídricos

GUADALAJARA, Jal., 3 de abril de 2022 de 2022.- Hace más de nueve años, el 2 de febrero de 2013, se venció el plazo para que el Congreso de la Unión promulgara una Ley General de Aguas que articulara lo estipulado por el entonces recién reformado artículo cuarto constitucional, que desde 2012 promete a todos los mexicanos el “derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, en tanto que apuntaba al estado como garante de este derecho. 

Con la intención de analizar el momento actual en el que se encuentra el proceso para contar con una nueva Ley General de Aguas, el Seminario Permanente en Estudios del Agua del ITESO convocó al panel “Hacia una nueva Ley General de Aguas: derechos humanos, comunidades y participación ciudadana”.

Claudia Gómez Godoy, profesora de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres, de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, recordó que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) fue creada en 1992 bajo un enfoque de mercado, que puso en el centro la valoración económica del agua como recurso. 

“Actualmente vivimos un contexto de contaminación y acaparamiento de aguas. En términos de cambio climático, esto implica la necesidad de cambiar las formas que hasta el momento se han utilizado para la gestión del recurso. Hay una urgencia por renovar el marco legal desde una perspectiva de derechos humanos y de sostenibilidad de los ecosistemas”. 

Para Octavio Rosas Landa, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Ley vigente se contrapone directamente a que el derecho humano al agua de los mexicanos pueda ser cumplido. 

“Esta ley fue diseñada y aplicada intencionalmente para que el agua se convirtiera en el lubricante de los negocios, pero no para garantizar el acceso pleno al agua como un derecho humano. Llevamos 30 años de vigencia de una ley que violenta los derechos”, advirtió. 

Rodrigo Gutiérrez Rivas, también académico de la UNAM, lamentó que la Ley haya servido de herramienta jurídica para debilitar los mecanismos de control y vigilancia estatales, y para cambiar la concepción del agua al convertirla de un bien social a un bien con valor económico. 

Octavio Rosas señaló que la nueva ley debe resolver los problemas que no aborda e incluso ha generado la legislación vigente. Uno de esos temas es la definición de autoridades competentes, ya sea en el orden federal, estatal o municipal.