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PUERTO VALLARTA, Jal., 04 de marzo de 2021.- Por la presunta comisión de fraude por más de un millón de pesos en agravio de un prestigioso grupo hotelero que presta ese servicio a nivel nacional e internacional, la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta logró la vinculación a proceso de dos personas morales (empresas) establecidas en el área metropolitana de Guadalajara.
El mecanismo de fraude se llevaba a cabo a través de la venta de un tiempo compartido.
Para garantizar el acceso a la justicia a la víctima, quien también radica en la capital del Estado, la fiscalía integró una carpeta de investigación en la que allegó datos de prueba sólidos que permitieron imputar a las personas morales, que derivaron en que un Juez de Control, las vinculara a proceso.
Es importante señalar que durante el debate el agente del Ministerio Público presentó un análisis detallado de los hechos que pusieron en evidencia el menoscabo causado a la víctima, por ello le requirió también al órgano jurisdiccional la suspensión de actividades de las empresas involucradas en el ilícito, a manera de prevención y con ello evitar más afectaciones a la sociedad, lo cual fue concedido por el término de un año.
La investigación confirmó que la víctima adquirió de forma legal un tiempo compartido a una empresa de prestigio que presta este servicio, así como el de hotelería y de crucero, no sólo en la república mexicana, sino en diversas partes del mundo.
En junio del año 2017 la persona afectada fue contactada vía telefónica y por correo electrónico, haciéndole creer que se trataba de dicha compañía la cual estaba interesada en comprarle las semanas que ya tenía contratadas a cambio de una suma más alta de la que pagó originalmente por el servicio.
La labor de convencimiento duró poco más de medio año; finalmente la víctima fue convencida, por ello los defraudadores le hicieron llegar supuestos contratos por medios electrónicos para “garantizarle” los convenios establecidos y “beneficios”, los cuales firmó y remitió.
Posteriormente le informaron que para hacerle efectivo el servicio, también tenía que pagar ciertos impuestos al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica así como derechos por mantenimiento de hoteles, entre otras cosas, para lo cual le proporcionaron los números de las cuentas bancarias de las empresas ahora vinculadas a proceso, en los cuales hizo diversos depósitos que en suma dieron la cantidad de un millón 400 mil pesos, aproximadamente.
No obstante, cuando la parte afectada intentó contactar a los supuestos ejecutivos para hacer válidos los convenios establecidos mediante los contratos señalados, ya no volvió a tener comunicación con ellos, por lo que se comunicó a la empresa real con quién había contratado originalmente el servicio, quien le hizo saber que todo había sido un fraude.
Una vez que los hechos fueron denunciados penalmente, la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta llevó a cabo indagatorias de gabinete y campo que permitieron recolectar datos de prueba importantes que acreditaron la comisión del delito de fraude genérico.
Además, como parte de las diligencias que se llevaron a cabo destaca la localización de una finca en la que se presume los delincuentes establecieron su centro de operaciones para cometer el injusto; con base en lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo la cual fue girada y permitió el ingreso a dicho lugar, el cual se ubica en la calle Francia de la colonia Versalles, en ese puerto turístico.
El sitio fue asegurado al igual que la documentación y objetos a nombre de la empresa afectada así como otros datos que ahí se localizaron y hacen presumir la existencia de más víctimas y los cuales también llevaron a la identificación de las cuentas bancarias de las empresas ahora vinculadas a proceso y las cuales se encuentran establecidas en Guadalajara, con giro de venta de viajes y otros servicios de turismo.
La Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias del caso ya que se cuenta con otras carpetas de investigación por hechos similares, por lo tanto hace un exhorto a las víctimas para que interpongan la denuncia correspondiente; por su parte, esta representación social garantiza que llevará a cabo indagatorias con certeza jurídica, hasta lograr el esclarecimiento del caso.