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GUADALAJARA, Jal., 12 de febrero de 2021.- El pleito interno en Charros de Jalisco entre Armando Navarro y Salvador Quirarte continúa y es que este viernes, los abogados de Salvador Quirarte señalaron que el equipo de béisbol podría perder el acuerdo que se tiene con el Gobierno de Zapopan por el Estadio Panamericano y dejarlos sin hogar para la próxima temporada.
“La estrategia del grupo de accionistas que busca dejar fuera a Holding Deportiva de Jalisco, S. A. de C.V. al estar realizando actos ilícitos para procurar reducir drásticamente la participación accionaria de la empresa controladora en las actividades y activos de la empresa operadora, puede traer como consecuencia que la concesión del Estadio Charros se pierda”, estableció el abogado Pablo López.
Por su parte Salvador Quirarte, negó las acusaciones en su contra sobre el desvío de recursos que se presume mientras él estuvo al frente de los Caporales. Lo anterior, desglosado en varios puntos.
“Se compraron videojuegos y electrodomésticos, pero esos videojuegos y electrodomésticos, fueron para la posada del equipo y dichas compras fueron autorizadas por Armando Navarro; sin embargo, entregó a los medios información parcial para hacerlo parecer un abuso.
Con la tarjeta corporativa se pagaban los viajes, transportación y alimentación del equipo, así como traslados y viáticos a eventos y asambleas en México y el extranjero, a esos viajes acudieron los directivos y los socios, incluyendo a Armando Navarro, quien autorizaba todo, pero ahora presenta datos incompletos para simular que se gastaba grandes sumas de manera personal”, señala en algunos puntos.
El socio mayoritario de los jaliscienses dijo que todos mantienen una deuda y que fue solo la suya la que se dio a conocer y sobre las imputaciones que se la hacen por tener a familiares en el club, sostiene que no es delito, pues es una entidad privada y no gubernamental
Todos los socios tienen deudas con el equipo, estas deudas acumuladas ascienden a 30 millones de pesos; sin embargo, solo dieron a conocer la deuda de Salvador Quirarte. Esta es una empresa privada y no de gobierno, por lo tanto, el que familiares participen con sus respectivas empresas, no es un delito”, describe uno de los apartados.