Aprueban diputados expedir Bando Solemne para la protesta de Pablo Lemus
GUADALAJARA, Jal., 20 de enero de 2021.- Fue un error restar la seguridad personal a exfuncionarios públicos, así lo informó la diputada de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariana Fernández, quien detalló que en la próxima sesión de pleno del Congreso de Jalisco presentará una iniciativa para regresarle la protección a estos servidores públicos que en anteriores gestiones trabajaron por la seguridad de los ciudadanos.
“Lo voy a decir con mucho dolor, me hubiera encantado no tener la razón, la realidad es que los hechos ocurridos recientemente me la concedieron, hoy tenemos que lamentar la muerte de un exgobernador y lo siento en el alma. Por eso en la próxima sesión del pleno presentaré una iniciativa para regresar esos exfuncionarios la protección que merecen y no se trata de privilegios, se trata de ser recíprocos con la gente que le sirvió al Estado. La propuesta es muy sencilla, si queremos gobernantes que den resultados y den decisiones que impacten al beneficio del orden público y del interés social necesitamos que el Estado también cuide a estos funcionarios” puntualizó
Detalló que la propuesta que se presentó para restar la protección a exfuncionarios y hacerlo del orden público, sólo le dio herramientas suficientes al crimen organizado para actuar contra ellos.
“Al comienzo de esta legislatura se presentó y aprobó una iniciativa para limitar el número de escoltas que debería de proteger a los exfuncionarios cuya actividad estuvo relacionada con asuntos de seguridad pública y combate al crimen organizado. En su exposición no se presentó un estudio en el que se pudiera determinar con parámetros y criterios el nivel de protección mínimo e indispensable para preservar su integridad física”, detalló.
Fernández Ramírez reiteró que es importante tener un buen manejo en el dinero público, pero también es necesario proteger a quienes con esfuerzo y dedicación trabajaron por velar la seguridad del Estado.
“En lugar de eso, desde la falsa lógica del ahorro, algunos legisladores establecieron cantidades y recursos sin tomar en cuenta los expertos ni conocer los requisitos mínimos para la protección de estos funcionarios y de sus familias. En su momento señalé que era importante tomar con calma esta iniciativa, porque si bien el servicio público debe ser un ejemplo de austeridad y buen manejo en el dinero de la gente, también lo es que el Estado proteja a quienes entregan todo su esfuerzo y tiempo a servir y a proteger al resto de nosotros”, expuso.
La legisladora priista añadió que el Estado debe analizar la situación actual de Jalisco, puesto que la entidad se posiciona entre los primeros lugares en mayor índice de inseguridad, desaparición forzada y homicidios dolosos.
“La iniciativa no se detuvo en esto sino que también obligó a publicar el número de elementos asignados a la protección de estos funcionarios y aunque soy una gran defensora de la transparencia también advertí que eso era entregar a los delincuentes la información necesaria para planear sus ataques, no sólo se les restó la protección sino que se les hizo más vulnerables sin escuchar los dictámenes de riesgo del Consejo de Seguridad”, puntualizó.