Caídas de personas adultas mayores pueden dejar graves secuelas
GUADALAJARA, Jal., 3 de junio de 2020.- Al considerar un hecho grave, el que un hombre haya muerto en los separos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos luego de ser detenido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH emitió medidas cautelares a las autoridades por este caso y lanzó un llamado a los gobiernos municipales para evitar todo abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza.
Ante los hechos que dieron a conocer diversos medios de comunicación en donde se informa de la detención de un hombre por policías de ese municipio presuntamente no portar cubrebocas y posteriormente entregado sin vida a sus familiares, la CEDH a través de un comunicado señaló que se debe actuar con todo el rigor de la ley.
Asimismo, dictar todas las medidas preventivas y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, el conocimiento de la verdad y la reparación integral del daño.
Por este caso, la CEDHJ inició la queja de oficio 4256/2020/III y emitió las siguientes medidas cautelares:
A la Fiscalía Estatal:
Que se realicen todos los procedimientos y protocolos contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación que resulte aplicable, para agotar las investigaciones necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos.
Se garantice el derecho a la seguridad personal e integridad física de los familiares cercanos de la persona fallecida.
Al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos:
Inicie, tramite y concluya procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos policiales que intervinieron en la detención y lesiones de la víctima, que causaron su muerte.
Entre tanto, se realizan las investigaciones y procedimiento solicitados, conforme a derecho se separen de funciones operativas y de seguridad ciudadana a los elementos involucrados.
Inicie procedimiento de investigación administrativa, tendente a reunir elementos suficientes para la instauración del procedimiento de responsabilidad en contra otros servidores públicos que pudieran resultar responsables por las omisiones y negligencias que provocaron el fallecimiento de la víctima directa.
“Esta Comisión reitera que no existe suspensión de garantías, ni estamos en un estado de excepción, lo que hay son una serie de regulaciones sanitarias para combatir una pandemia, pero esto no implica que las autoridades tengan carta abierta para el abuso de poder y convertir esta emergencia de salud en una crisis de derechos humanos”, así concluye el comunicado.