Presidente decidirá sobre recursos obtenidos por extinción de dominio

GUADALAJARA, JAL.,31 de julio de 2019.- Apenas la semana pasada en sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual, entre otros aspectos, contempla la transformación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en el Instituto de Administración de Bienes y Activos, descartando por completo la propuesta presidencial de llamarlo: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En ese sentido, contempla la creación de un Gabinete Social de la Presidencia de la República, el cual se encargará de evaluar y determinar la asignación o trasferencia de bienes sujetos a extinción de dominio por estar relacionados con ilícitos, así como los que sean asegurados, abandonados o decomisados en procedimientos penales.

De acuerdo a la legislación, este Gabinete Social sería presidido por el jefe del Ejecutivo e integrado por secretarios de Estado, lo que le da amplio margen de maniobra al Presidente López Obrador, sobre los recursos que se obtengan por la venta o enajenación de bienes, inmuebles, objetos y  toda clase de propiedad que sean incautados a quienes hayan cometido alguno de los ilícitos señalados en la Ley.

Asimismo, estará integrado por los titulares de las secretarías de Bienestar, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Educación, Salud, del Instituto de Administración de Bienes y Activos así como los directores del IMSS, ISSSTE, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic). Sin embargo, también podrán ser convocadas otras secretarías de Estado, siempre y cuando vayan a participar en la repartición de lo obtenido a través de procesos de extinción.

En cuanto a los recursos que se obtengan, éstos deberán ser enviados a un Fondo de Reserva previsto por el Instituto, a fin de restituir lo que determine un juez a través de una sentencia firme, y que no podrán ser mayores al 10 por ciento del producto de la venta.

De acuerdo a la ley, el llamado Gabinete Social recabará información sobre los bienes extinguidos, así como las características y coyuntura política y social que los rodeen, a fin de determinar su destino o bien, su destrucción.

De igual forma, será la encargada de elaborar una relación de los bienes extintos, asegurados y decomisados en procedimientos penales, que puedan ser asignados en provecho del interés público.

Este Gabinete tendrá la facultad de definir el destino de los bienes extintos, asegurados y decomisados, y que serán utilizados para programas sociales, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y otras políticas prioritarias del Gobierno federal.

La ley indica que los bienes que no sean asignados por el Gabinete, deberán ser monetizados y el producto de la venta se administrará en una cuenta especial; también ejecutará y vigilará el cumplimiento de convenios con gobiernos locales, o instituciones a las que se asignen los bienes que se declaren extintos.

En cuanto al Instituto de Administración de Bienes y Activos, que sustituye al SAE, actuará como liquidador único del Gobierno federal de empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades nacionales de crédito; organismos descentralizados de la Administración Pública Federal; y organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) o el Instituto Nacional de Transparencia (Inai).

También podrá liquidar entidades de interés público; empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y toda clase de sociedades mercantiles, sociedades o asociaciones civiles.