Recrudece violencia contra periodistas y CIDH pide atacar impunidad

GUADALAJARA, Jal., 23 de abril de 2019.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación el recrudecimiento de la violencia contra los periodistas por motivos relacionados con su labor profesional en un contexto de violencia generalizada.

Pese a las acciones del Estado, la violencia contra los periodistas continúa y particularmente el asesinato por motivos vinculados con la labor profesional de los trabajadores de prensa.

De acuerdo al Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, hay diferencias en las bases de datos de instituciones federales en las cifras de asesinatos contra los y las periodistas. Según información de público conocimiento, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta el 3 de octubre, registró 15 asesinatos de periodistas. En tanto, las estadísticas publicadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), al mes de septiembre, solo siete homicidios de periodistas derivados de la labor profesional fueron perpetrados.

Los Relatores Especiales señalan que “no existe un único sistema que obtenga y recopile datos sobre agresiones contra periodistas. Los criterios y la metodología para obtener tales datos difieren entre las instituciones federales y estatales”.

Por ello, recomendaron al Estado mexicano “recopilar y publicar estadísticas detalladas y desglosadas de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, incluidos datos relativos al enjuiciamiento penal de estos delitos”.

Casi 200 agresiones contra periodistas, muchas en contexto electoral De acuerdo con la información de público conocimiento, el año pasado medios reportaron una cifra cercana a 200 agresiones en contra de periodistas y comunicadores por motivos relacionados con la labor profesional, ocurridas en diversos lugares del país, tales como: amenazas de muerte, agresiones físicas, acoso e intimidación. Muchos de estos episodios estuvieron relacionados con el contexto electoral.

Esta Oficina nota que persiste en México el clima de impunidad en casi la totalidad de los casos denunciados, lo cual apunta a que el Estado debe redoblar sus esfuerzos en las políticas de prevención y protección y procuración de justicia.

Preocupa que “la impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas ha sido documentada por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y estos datos sugieren que al menos el 99,6 por ciento de estos delitos aún no han sido esclarecidos”.

El Informe Especial presenta varias recomendaciones sobre temas como vigilancia digital de comunicadores y defensores de derechos humanos, acceso a la información pública, publicidad oficial y diversidad de medios de comunicación.

Junto con la Relatoría Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos a la Libertad de Opinión y Expresión, el organismo publicó dicho informe final de la visita oficial realizada al país el 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017.

La Relatoría Especial emitió comunicados de prensa mediante los cuales expresa su condena por los crímenes y llama al Estado mexicano a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad mexicana, esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con su actividad como comunicadores.

“Es fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión”, reza el documento aprobado por la CIDH el 17 de marzo de 2019.

Mecanismo debería ocuparse de campañas de desacreditación y criminalización La observación de los Relatores Especiales subraya que “sigue siendo necesario que las metodologías de evaluación de riesgos incluyan un enfoque diferenciado que tome en cuenta los riesgos específicos que sobrellevan ciertos grupos de periodistas, incluidas las mujeres periodistas y los periodistas indígenas”.

“El Gobierno debería además realizar acciones adicionales para incluir la seguridad digital entre las evaluaciones de riesgos que realiza el Mecanismo y brindar, cuando corresponda, medidas de protección digital, como la gestión segura de datos de comunicaciones personales”.

Recomienda que “el Mecanismo debería ocuparse eficazmente de las agresiones físicas perpetradas por funcionarios estatales, al igual que otras formas de violencia institucional contra periodistas (a saber, campañas de desacreditación y criminalización)”.

La Relatoría Especial ha colaborado, dentro de su mandato, con el Grupo de Protección de la CIDH en relación con las recomendaciones para la adopción de medidas cautelares en materia de libertad de expresión.

La Comisión ha solicitado en múltiples oportunidades a los Estados miembros de la OEA que adopten medidas cautelares para proteger el derecho a la libertad de expresión.

El organismo ha recibido diversas solicitudes de audiencias y de reuniones de trabajo en materia de libertad de expresión en los últimos períodos de sesiones y la Relatoría Especial destaca la participación de manera activa en las audiencias sobre libertad de expresión, preparando informes y haciendo las intervenciones y el seguimiento correspondiente.