Despiden con honores al policía estatal, Moisés Ramírez
GUADALAJARA, Jal., 5 de abril de 2019.-La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 5/2019 al titular de la Fiscalía del Estado, por la violación de los derechos a la vida a una mujer, así como a su integridad física y psicológica, libertad y seguridad personal.
Esto después de que el 21 de agosto de 2018, una mujer presentó queja a favor de su hija, quien falleció en marzo de 2017 presuntamente a manos de su ex pareja, a la fecha, un hombre prófugo de la justicia.
De acuerdo con el organismo en este caso se violó el respeto a la dignidad, a una vida sin violencia y a ser libre de toda forma de discriminación; también, del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.
La quejosa explicó que su hija sufría de manera frecuente amenazas y agresiones por parte de su ex pareja y que en febrero de 2017, luego que volvió a atacarla cuando estaba embarazada, lo denunció en la Fiscalía General del Estado, donde dictaron medidas cautelares (órdenes de protección) para supuestamente protegerla.
Para la aplicación de estas medidas se giraron oficios a diferentes dependencias; sin embargo, estos documentos fueron entregados a la ofendida para que ella misma los hiciera llegar a las diferentes oficinas, aun cuando, luego de la agresión, se encontraba severamente lastimada y con un embarazo de alto riesgo.
Las medidas consistían en brindar vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendida, protección policial y auxilio inmediato de la policía en caso necesario a fin de evitar la cercanía con el agresor.
Según la queja, la joven, de 20 años de edad, falleció durante la noche del 9 de marzo y los primeros minutos del día 10, luego de recibir otra golpiza y asfixia por estrangulamiento, al parecer de su expareja; tenía diez días de haber dado a luz a una niña.
“Durante el lapso de la denuncia de mi hija y su posterior asesinato, no hubo una sola acción institucional por parte del personal del Centro de Justicia para la Mujer para proteger su integridad y su vida, a pesar de que tenía una medida de protección y del alto riesgo en que se encontraba”, expuso la quejosa.
Añadió que en marzo de 2017 se dictó una orden de aprehensión contra el presunto agresor; sin embargo, a la fecha de la queja ya habían pasado 17 meses sin que ésta se ejecutara.
De acuerdo con la CEDHJ, dos agentes del Ministerio Público, y el personal de la entonces Comisaría de Investigación adscrito al despacho del comisionado de Seguridad Pública del Estado, todos asignados en ese entonces a la Fiscalía General, incumplieron su deber de garantizar la protección y seguridad de la agraviada.
Se acredita al mismo tiempo una responsabilidad institucional por falta de cumplimiento del deber y obligación de respetar y garantizar la protección de esos derechos humanos mediante los principios de debida diligencia y máxima protección.
Entre otras irregularidades se acreditó que la agente del Ministerio Público, si bien elaboró el oficio dirigido a la directora general del Centro de Atención a Ofendidos, Víctimas y Testigos del Delito, para que se brindara apoyo integral a la víctima, éste nunca le fue notificado, lo que propició que no se le proporcionara atención, lo mismo ocurrió con la solicitud de medidas de protección dirigida a la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco y con otra agente del Ministerio Público, quien no atendió la situación alarmante advertida por la Consejería del Centro de Justicia para las Mujeres, que determinó “semáforo rojo”, lo que implicaba peligro inminente de violencia extrema para la víctima.
Además se acreditó que el crimen de la joven madre continúa impune, pues la Fiscalía del Estado ha incumplido con la obligación de garantizar los derechos humanos de las víctimas indirectas.