Piden atención en el diseño del Tribunal de Justicia Administrativa

GUADALAJARA, Jal; 22 de marzo de 2017

Debe ponerse especial atención en la forma en que se diseñará al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, que sustituirá al controvertido Tribunal de lo Administrativo, y el cual será piedra angular en el Sistema Estatal Anticorrupción, señalaron académicos de la Universidad de Guadalajara al participar en una mesa de diálogo con diputados locales en el Congreso de Jalisco

Convocados por la diputada Mónica Almeida López, los académicos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores aportaron su visión para nutrir las reformas relativas al Sistema Estatal Anticorrupción. Agregaron que la fiscalización y la denuncia serían inútiles sin un órgano garante que vele por la aplicación de la ley.

Consideraron que el actual momento histórico es ideal para que Jalisco por fin dé un paso decisivo en el combate contra la corrupción, pues por primera vez en mucho tiempo existe la voluntad de los actores políticos y un marco jurídico sólido en el orden federal. La clave está en dejar atrás los ejercicios de simulación.

El doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, explicó que el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa debe de  ser autónomo para vigilar el actuar del Poder Judicial, y asesorar a otros poderes sobre el proceder constitucional.

“No hay otro momento. Este es el momento para disciplinar la vida institucional y erradicar todo aquello que causa molestia en la ciudadanía: en materia de corrupción, policías, desarrollo urbano desequilibrado. Esta es la válvula de escape para que esas inquietudes sociales se materialicen a través de un cauce jurídico legal”, añadió.

Dijo que no sólo basta con contar con una Auditoría Superior o una Fiscalía Anticorrupción autónomas si no existe un órgano de control y garantía que materialice lo plasmado en la ley.

Consideró que este sistema debe de funcionar como una cadena en el que se concatenan el órgano de fiscalización, el de seguimiento, el de denuncia y el de garantía. La ausencia de uno de ellos dejaría un sistema incompleto.

El doctor Luis Antonio Corona Nakamura, investigador del CUCSH, coincidió en que debe aprovecharse la coyuntura para concretar dos grandes esfuerzos en un sólo instante: la creación de un tribunal constitucional local y un órgano garante del sistema anticorrupción que subsane las violaciones de derechos.

“Actualmente, el TAE está integrado por seis magistrados. Hay algunos que pudieran continuar y otros que son objetados por escándalos ventilados en medios de comunicación. Independientemente de que desaparezca el TAE y se cree el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, debe valorarse el trabajo de los magistrados para ver quienes continúan y quiénes se van. Y ese nuevo tribunal debe ser autónomo, ajeno al Poder judicial, para que precisamente pueda revisar los actos de este poder…porque de otro modo, ¿quién vigila al vigilante?”, añadió.

La doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, investigadora del Centro Universitario de Tonalá, reflexionó que se debe tener cuidado al vincular la figura del juicio político con el combate a la corrupción, pues se trata de un mecanismo más subjetivo que jurisdiccional.

Recomendó que Jalisco no se limite a imitar las herramientas legales que ya existen en lo federal, sino que genere otras de vanguardia que atiendan la realidad estatal.

Respecto a la propuesta que algunos diputados presentaron para que los jueces sean electos por voto popular, dijo que el método actual para designarlos por concurso de oposición tiene como fin reconocer su experiencia y no politizar las designaciones, por ello, lo que debería de hacerse es fortalecer el servicio profesional de carrera.

La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política y organizadora del foro, Almeida López, señaló que actualmente el congreso discute el paquete de reformas a 13 leyes, las cuales deben quedar aprobadas a más tardar el 18 de julio.