Hay quienes ven detrás de esto una conspiración proveniente del gobierno, para infundir miedo o para aplicar en el estado de México la temida ley Eruviel, propuesta por el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) expresó su postura sobre los saqueos registrados el 3 de enero en los municipios mexiquenses de Naucalpan y Nicolás Romero.
“Existen serios indicios de que se trata de una provocadora estrategia gubernamental para intimidar las protestas y la inconformidad popular contra los gasolinazos. Para así justificar un uso de la fuerza desmedido y la aplicación de facto de la #LeyEruviel”, dieron a conocer mediante un comunicado.
De acuerdo con el Centro, en Naucalpan, en la zona de Chamapa, la noche del 3 de enero se reportó en redes sociales la presencia de un supuesto grupo armado que aprovechó las manifestaciones para asaltar a automovilistas, peatones y comerciantes.
En tanto, alrededor de las 19:30 horas, el centro comercial ubicado sobre la carretera Atizapán–Nicolás Romero, en el paraje conocido como Puerto de Chivos, se llevaron a cabo saqueos, destrozos y pintas en contra del gasolinazo, pero de acuerdo con un testimonio citado por el CDHZL, fueron unos señores los que azuzaron a jóvenes a hacerlo.
Añadió que nadie los identificó porque sólo se presentaron como “los que bloquean carreteras”, pero su presencia bastó para que vecinos se resguardaran por temor a la inseguridad.
“El objetivo de este montaje es deslegitimar el movimiento de vecinos de Naucalpan y Nicolás Romero que lucha contra los gasolinazos. Esta estrategia no es nueva, así se ha manejado el gobierno priísta en otras ocasiones y ha repetido el mismo patrón; un ejemplo de ello es lo ocurrido en la zona oriente del Valle de México en el 2012 con el famoso “ahí vienen”, en medio del conflicto electoral de entonces”, recordó.
Responsabilizó al gobierno federal por los aumentos a la gasolina que generó descontento y al estatal por apostar por las agresiones con el uso de provocadores e infiltrados para cometer desmanes y generar pánico entre los genuinos manifestantes.
Ante dicha situación el Centro se comprometió a monitorear la situación y en caso de represión hace responsables al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
Las redes
En redes sociales, así como se han compartido mensajes para asustar a la población de que no debe salir porque supuestamente hay toque de queda en municipios del estado de México, otros han servido para decir que la situación de vandalismo es una estrategia priísta para meter miedo a la población.
Dichas acciones se llevan a cabo con pagos a personas que van de los 400 a los mil pesos.
“Platicando con mi coordinador regional, simplemente me dijo así: órdenes de arriba, al ratón hay que meterle miedo, la megamarcha del 7 de enero saldrá toda la gente y no le conviene eso al gobierno, ahora sí la ve dura y puede caer”.
El mensaje fue compartido por whatsapp, y como ocurre con este tipo de campañas, conocidas en comunicación política como “negras” por carecer de autor y tener el objetivo de infundir miedo, nadie se la atribuyó pero fue ampliamente difundida.
La Ciudad de México también se vio contagiada por estas campañas generadoras de rumores y psicosis que llevaron al cierre de negocios en distintas zonas, incluida el Centro Historico; de acuerdo con el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en la CDMX se registraron ataques por redes sociales de diferente clase.
Informó que se detectaron 60 mensajes anónimos, 40 eventos de robos falsos con un alcance de 585 veces compartidos, 11 grabaciones falsas y 6 convocatorias a robos o saqueos.
Ese es el saldo a cuatro días de haber entrado en vigor las nuevas tarifas por el gasolinazo decretado por el gobierno federal, medida que Peña Nieto definió como dolorosa pero necesaria.
