15 de diciembre, 2016.- Antes de que concluya el año, se va a aplicar un incremento de precios a las gasolinas cuyo porcentaje está por definirse y va a entrar en vigor a partir del 1° de enero de 2017. De darse este aumento se aplicaría dos meses antes de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ponga en operación los lineamientos y la metodología para la liberalización del precio de los combustibles, prevista para febrero del próximo año.
Las reformas de los años 2013-2014, abrieron el sector energético plenamente a la inversión privada, nacional y extranjera, enfatizándose desde la perspectiva gubernamental los efectos favorables que esta medida tendría. Desde el año 2013, el gobierno federal insiste en que la reforma aprobada en este sexenio fue integral, porque abarca al petróleo, gas, electricidad y energías renovables, y tiene supuestos componentes ambientales.
A esta reforma se le atribuyen importantes impactos económicos en los procesos de liberalización y apertura. En 2017, se habrá evidenciado que los efectos favorables que se le atribuía a la reforma energética, son solo discursivos, pues al liberar el precio de las gasolinas se va a impactar al crecimiento económico, la productividad, y la generación de empleo.
Las estaciones de gasolina de la mayor parte del país no están preparadas para la liberación del precio de las gasolinas que iniciará en enero próximo. Pero menos lo está para un incremento del 9 por ciento, cuando apenas inicie el proceso gradual de apertura de la Magna, Premium y el diésel a la cotización de un supuesto “mercado internacional”.
No hay tal mercado internacional, como señalan las páginas de finanzas, la gasolina menor a 92 octanos, el cálculo de su costos se hace con base en el promedio del precio spot de referencia de la gasolina Unleaded 87, USGC, Houston y Waterborne, en dólares por galón, que es publicada por Platts US MarketScan. En tanto, para la gasolina mayor o igual a 92 octanos, el cálculo se debe hacer con base en el promedio de las cotizaciones medias del precio spot de referencia de la gasolina Unleaded 93, USGC, Houston, Waterborne, en dólares por galón.
La celeridad con la que se concretó la reforma energética y la amplitud de sus leyes secundarias, fue irresponsable, baste señalar que se crearon nueve leyes y se modificaron 12 que lejos de beneficiar al consumidor mexicano lo han perjudicado en su economía. Esto plantea de manera necesaria un debate acerca de la viabilidad y los alcances de la reforma energética.
México se caracterizó, durante décadas, por la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo y por la exclusividad del Estado en la explotación de los recursos hidrocarburos. Esto último se tradujo en un monopolio en la industria energética, el cual fue evolucionando progresivamente con diversas reformas, como aconteció en la década de los años 90 en el caso de la electricidad y el gas natural.
En el caso de las gasolinas, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es un gravamen fuerte, que va a impactar la economía de las familias mexicanas en 2017 y la meta de inflación del Banco de México del 3% anual. Los empresarios gasolineros se quejan de que con el IEPS se hace más complicado importar gasolinas, pero omiten mencionar que la mayoría no cuenta con la infraestructura física para almacenar y transportar las gasolinas que vendrán del exterior.
En los próximos años, no vamos ver precios bajos en gasolinas –como sucede en los Estados Unidos–, las empresas deben realizar fuertes inversiones, y no hay incentivos para hacerlo. La apariencia es de crecimiento sostenido y de grandes oportunidades de inversión para empresas extranjeras, especialmente del ramo petrolero, como gasolineras, argumentando los beneficios que promueve la competencia, de hecho se dio la noticia de que la Gulf Petroleum Co., instalará cuatro gasolineras, con lo cual se rompe el monopolio de PEMEX. Sólo que la gasolina se venderá al mismo precio que prevalece en México sin que haya ninguna ventaja de que sean gasolineras extranjeras.
El autor de este artículo es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e la UNAM
