A través de un comunicado, recordó que ese día fueron asesinados y heridos varios civiles, así como heridos varios uniformados, uno de los cuales –según testimonio ante el grupo especial de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para dar seguimiento al caso- aún tiene en su cuerpo una de las ojivas que se dispararon, sin que el Ministerio Público haya podido aclarar todavía de dónde provino.
Ortega Álvarez consideró inconcebible tal desatención al uniformado, pues además del escaso salario que se le paga a cambio de exponer su vida –como priistas y pevemistas reconocieron ayer en la reunión de la Comisión Especial-, encima se le ha negado los servicios médicos adecuados a dos meses de los hechos, a pesar del cuantioso presupuesto destinado a la corporación.
“Se trata de una evidente violación a los derechos laborales y humanos de este uniformado, pero además se trata de una inaceptable manipulación política de sus lesiones para exculpar a los mandos de su responsabilidad en los hechos violentos de ese día, utilizando este caso particular y los de otros de sus compañeros para victimizar a la corporación, es decir, a la Policía Federal (PF), lo que es inaceptable moral y legalmente”, denunció Ortega.
Aclaró que, de acuerdo a los marcos nacionales e internacionales, las violaciones a derechos humanos son cometidas por servidores públicos, violaciones que pueden ser incluso en contra de éstos cuando provienen de sus superiores o de la propia institución a la que pertenecen.
Las mismas leyes establecen que, cuando los civiles agreden en cualquier forma a otras personas, sean o no servidores públicos –como dicen los policías que fueron agredidos por la población o grupos no identificados ese día-, esos civiles incurren en un delito y se debe actuar en consecuencia penalmente.
La presencia de los defensores de derechos humanos no era ni debía ser para defender a los policías, sino a la población ante eventuales abusos policiacos durante el desalojo de maestros inconformes que obstruían una carretera y el posterior enfrentamiento a delincuentes que, supuestamente, los atacaron ese día.
Tras los hechos y hasta hoy –continuó Ortega- lo único que se tiene son al menos ocho muertos y muchos heridos de la población civil, así como policías lesionados, ningún detenido como responsable de alguna de las agresiones y un persistente afán de confundir las cosas y llevarlas al olvido por parte de la autoridad. “En este lamentable caso, hace falta la verdad, lo único que tenemos son versiones oficiales proporcionadas a puertas cerradas, mucha información “confidencial” a la que no podemos acceder o que no existe. Esto sólo nos aleja de la justicia y el derecho a la verdad”, señaló.
“Por lo que vemos, estamos ante el deficiente o malintencionado actuar de mandos policiacos que, a juzgar por sus declaraciones y resultados, improvisaron ese día por la ignorancia de lo que podrían enfrentar –porque omitieron un mínimo trabajo de inteligencia e investigación- o porque actuaron en contubernio con grupos ilegales a los que no quieren identificar”, señaló el Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados.
Sólo esta última hipótesis –dijo- podría explicar por qué del lado de la población civil hubo muertos y de la policía hubo lesionados.
Reiteró que no sería la primera vez que los gobiernos priistas usan y abusan de cuerpos paramilitares ilegales para intimidar y reprimir a la población. Ya lo hicieron –agregó- en 1968 con el “Batallón Olimpia” y en 1971 con “Los Halcones”, en ambos casos contra los estudiantes.
Tampoco es la primera vez que el exceso del uso de la fuerza por parte de los elementos policiacos es denunciado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de hacerlo al concluir que el 22 de mayo de 2015, elementos de la Policía Federal no sólo ejecutaron arbitrariamente a 22 personas durante el enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán, sino que torturaron a civiles y alteraron la escena del crimen mintiendo deliberadamente. “¿Cómo podemos creerles ahora?” cuestionó el diputado perredista.
Por eso consideró muy ilustrativa la comparecencia ante la Comisión Especial de los uniformados participantes aquel día en los hechos de Nochixtlán, ya que haciendo a un lado la demagogia de quienes dicen apoyarlos y defenderlos, evidencia con cuanta incompetencia o perversidad actuaron los jefes policiacos.
Ortega Álvarez reiteró el reconocimiento del PRD a los esfuerzos de todo policía, militar o agente del Estado que, en apego a la legalidad, cumple sus tareas en pro de la seguridad de los mexicanos; se pronunció por el respeto a sus Derechos Humanos y por el castigo a quienes los agredan ilegalmente, pero al mismo tiempo les pidió no ser corresponsables de las agresiones a los mexicanos que exigen sus derechos.
