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GUADALAJARA, Jal., 17 de agosto 2016.-Por fraude procesal, abuso de autoridad y delitos contra el desarrollo urbano esta mañana el alcalde de Guadalajara en calidad de «ciudadano» presentó un juicio político en contra del magistrado de la sexta sala, Alberto Barba quien ha otorgado al menos 36 procesos de afirmativa ficta que ha favorecido a particulares.
Tras presentar el juicio político, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez manifestó que la denuncia es para que se investigue la red de corrupción a la que pertenece este magistrado. Toda vez que se han afectado los intereses de la ciudadanía por intereses particulares.
El alcalde emecista exhibió que en el periodo del 2012 al 2015 se tienen 36 procesos que se han interpretado como afirmativa ficta por parte de la sala sexta, en cuanto a licencias de construcción, permisos de uso de suelo, espectaculares, puentes peatonales, entre otros.
No obstante, indicó que de los 36 procesos de afirmativa ficta presentados, once fueron levantadas por el corredor público, César Eduardo Uribe González y en todos los trámites realizados por éste se afirmaba que:
«Había supuestos trámites que nunca fueron realizados, siendo prueba de ello, que dentro de tales procedimientos no se aportó acuse de recibo alguno con el que se demostrará la realidad de sus solicitudes», precisó.
Resaltó que en la mayoría de los casos se actuó con celeridad, ya que hubo asuntos que se resolvían en cuestión de 15 días y otros en el mismo día que se presentaba la solicitud, cuando actualmente hay trámites que se han interpuesto y a ocho meses de que arrancó la administración no han sido aceptados.
Además señala a los integrantes del despacho jurídico Barba y Asociados, nexos con el sobrino del magistrado de la sexta sala del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), quienes están involucrados en la mayoría de los asuntos jurídicos de las empresas que se han prestado a ser parte de la red de corrupción, ya que se les vincula con al menos 14 de los 36 procedimientos irregulares que han sido otorgados por el magistrado Alberto Barba.
«Los mismos abogados para defender a particulares que nada tienen que ver entre ellos, no es el asunto del magistrado, es el dueño de una agencia de coches, y el dueño de un edificio en el Country tienen a los mismos abogados defensores todos, y todos caen en la misma sala, todos y todos usan al mismo corredor público», cuestionó Alfaro Ramírez.
Éste además hizo un llamado al gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz para que en su competencia instruya al fiscal general del estado a tomar este asunto con seriedad, y no se presten a proteger a esa red de corrupción al interior del Tribunal.