Con un llamado de “Ya basta”, el sector empresarial advirtió que los derechos y la seguridad física y patrimonial de ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo o negociación entre un grupo en particular y las instituciones del Estado.
Señaló que en muchos casos persiguen intereses particulares: “al hartazgo social y riesgos de ingobernabilidad, por la impunidad con que se da, los costos económicos para la población ajena al conflicto y porque no se ve voluntad para resolver el problema pronto y de forma perdurable. Como nación, no podemos permitir que se siga trastornando así nuestra vida económica, social y política”.
Reclamó a la CNTE que deponga sus acciones y métodos “irresponsables, violentos y delictivos, que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses, más allá de si hay o no legitimidad en éstas”.
El CCE demandó también a las instituciones del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno, al señalar que deben acatar el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley.
“Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población”, enfatizó.
Consideró que el diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, “y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos”.
Advirtió que a los problemas de desabasto de productos básicos en las zonas donde se concentran las movilizaciones, se agregan los que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras, puertos y ferrocarriles.
“Hay una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo cotidiano”, sentenció.
Señaló que, por ejemplo, en el puerto de Lázaro Cárdenas se estima una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17 por ciento, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.
“Para el turismo, basta recordar su importancia para una ciudad como Oaxaca, donde más de una tercera parte de los turistas que iban a asistir a las fiestas de la Guelaguetza han cancelado su viaje. Las pérdidas de hoteleros en las costas de Oaxaca o en Chiapas son enormes; el daño a la imagen como destinos, es incalculable, y por tanto es un daño a México, a nuestra imagen como país”.
Aseguró que una sociedad no puede funcionar si no se cumple el requisito mínimo del Estado de derecho: si se viola la ley y no hay consecuencias, si no existe seguridad física y patrimonial, ni justicia efectiva.
“Más aún, si la intransigencia y la violencia son premiadas con canonjías o claudicaciones, en una palabra, con impunidad. Si en aras de resolver un problema político se concede la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quien la infrinja, se generan muy graves precedentes políticos y sociales”.
“Tolerar la infracción de la ley no va a resolver la problemática; muy por el contrario, la perpetua. Eso es lo que ha hecho que este conflicto se vuelva permanente y resurja año con año, con mayor o menor intensidad, al tiempo que se incuba la polarización dentro de la sociedad”.
