De acuerdo con Ignacio Mendoza, defensor de Mireles Valverde, a raíz de la implementación del nuevo sistema de justicia penal y la reforma a las disposiciones de la miscelánea penal, en su artículo quinto, han dejado de ser considerados graves delitos como la portación de arma de fuego, por lo que los acusados por este ilícito están en la posibilidad de solicitar al juez el cambio en la medida cautelar.
“Antes era presión preventiva para todos los acusados por la portación de arma de fuego, pero ahora ya hubo cambios mediante los cuales todas las acusaciones por delitos no graves que estén en proceso son susceptibles de que el juez revise si la prisión preventiva se requiere”, detalló Ignacio Mendoza.
Tras expresar que se ha reducido la cifra de delitos de forma oficiosa requieren prisión preventiva, como delincuencia organizada, violación, secuestro o delitos que involucran explosivos, el abogado recordó que el médico de profesión no se encuentra en estos supuestos, si bien la posibilidad de liberarlo físicamente de la prisión no implica la aceptación de su no culpabilidad.
Agregó que el ministerio público debería demostrar, para su permanencia en el sistema penitenciario, que José Manuel Mireles es un riesgo para sus víctimas, lo que no es viable ya que el ex líder autodefensa procuro la garantía de la seguridad de la población, o que reúne los medios y la intención de sustraerse a la acción de la justicia.
“Él es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, según el nuevo sistema de justicia penal, donde la prisión preventiva es la última de las medidas cautelares. En el caso de Mireles Valverde, el ministerio público no tiene idea de cómo probar que el doctor debe seguir su proceso en prisión”, reiteró Ignacio Mendoza.
Aseveró que no es un beneficio exclusivo para Mireles Valverde, por lo que si bien se espera que en esta semana se resuelva su situación, este lunes se producirá la audiencia de los autodefensas de Tumbiscatío, quienes son también susceptibles de ser excarcelados.
Ignacio Mendoza detalló que al momento a José Manuel Mireles se le ha negado su libertad, a pesar de que no debe estar preso, ya que no sólo es procesado por un delito que ya no se considera grave, la portación de armas de fuego, sino porque contó, al igual que el resto de los michoacanos, con el permiso irregular y extendido de forma ilegal por el estado mexicano.
“No quieren reconocer que él y todos los michoacanos teníamos el permiso de portar armas, a causa del acuerdo firmado por el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, y los grupos de autodefensa, ya que con este permiso el estado mexicano violó la ley; sin embargo, esto no es su culpa, lo que lo excluye de la responsabilidad de ser sancionado. Si lo reconocen, se van al bote, porque todos los poderes de la unión no actuaron como debieron hacerlo ante la situación en Michoacán y ahora todo lo reducen a Mireles”, explicó el defensor.