Miguel Ángel Martínez Espinosa/Ética Pública

A juzgar por la lectura de las diferentes columnas periodísticas, hay un aparente consenso en el sentido del desprestigio de los políticos y los partidos en que se organizan. Es casi un lugar común al que se acude para explicar el furor por las candidaturas independientes y las figuras de democracia participativa. La opinión pública nos deja la sensación de que la clase política está compuesta por personas sin escrúpulos que hacen fortunas personales y que además tejen redes de protección que impiden castigar con rigor y oportunidad los desvíos de poder.

En mi experiencia, al paso de diversos cargos públicos, invariablemente me he encontrado con personas comprometidas con el quehacer público, preocupadas por mejorar la vida social y ocupadas en tareas de transformación que exigen grandes esfuerzos y largas jornadas de trabajo. Afortunadamente del quehacer público participan muchos mexicanos de bien que sostienen con su esfuerzo los servicios fundamentales.

Por cada profesor negligente hay un centenar de maestros empeñados en lograr que sus alumnos descubran el mundo y su lugar en él. Por cada médico indolente hay decenas de profesionales de la medicina que desempeñan su trabajo con toda humanidad. El asunto es que hay una corrupción de algunos altos funcionarios que nos lastima profundamente.

A ellos, luego de haberles confiado a través de nuestro voto la administración de lo que es de todos, les hemos visto hacer fortunas de la nada y cambiar escandalosamente su forma de vivir ante la impasibilidad de la clase política o la incapacidad de ejercer bien las atribuciones de los órganos del estado para perseguir los desvíos en el ejercicio del poder público.

Por ello y para bien de la comunidad, se ha convertido en un clamor la exigencia por que el andamiaje legal destinado a frenar los desvíos en el ejercicio del poder público se castiguen con toda eficacia, distinguiendo que son cosas diferentes tener fallas administrativas, meter la mano a la caja del estado o beneficiarse indebidamente de la posición de poder. El tema de la corrupción fue un factor relevante en el ejercicio electoral del 5 de junio pasado.

Es un tema central de la exigencia empresarial de que las leyes anticorrupción, simbolizadas en el 3 de 3, nos arrojen como saldo un andamiaje legal que haga verificable la evolución del patrimonio de los políticos y permita conocer cuándo éste crece de manera inexplicable, tanto su patrimonio personal cómo el de sus familiares, así como las redes de intereses que los envuelven, pero la sola evidencia del incremento patrimonial no es suficiente para garantizar un comportamiento púbico ajustado a la mínima exigencia ética, la construcción de un andamiaje legal que inhiba la corrupción pasa por revisar la legislación en materia de fiscalización y rendición de cuentas, reconfigurar el catálogo de delitos que  cometen los servidores públicos, dotar de autonomía a los órganos del poder encargados de revisar los ejercicios presupuestales y perseguir los delitos oficiales, establecer una vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de estas facultades y motivar un cambio cultural a través del sistema educativo que permita sustituir la mentalidad del que no transa no avanza por una cultura que haga conciencia de que lo  único que puede fundar una  auténtica convivencia social es que todos respetemos la ley.

Acción Nacional va por todo este conjunto de medidas. Por ello impulsamos un compromiso en el que  toda la clase política y actores relevantes del ámbito empresarial y educativo, hacen compromiso por esta causa.

Vamos a impulsar el conjunto de leyes con toda audacia y sin que los defectos de marco legislativo federal recién aprobado nos limiten. Lo hacemos con un doble fundamento. Por una parte la convicción de que la política se debe subordinar a la ética en la que se funda buena parte de la filosofía del PAN, no siempre respetada por sus militantes, y por la otra la convicción de que el desprestigio de los políticos lleva al repudio a la política y pone en riesgo a la democracia.

La mejor manera de cuidar la democracia que tantos años de esfuerzo supuso conquistar, es prestigiar a la clase política a través de un comportamiento de los políticos que se subordine al bien común. Cero impunidad debe ser el compromiso de todos.

*Presidente PAN Jalisco