Participa gabinete económico en la Glosa del Sexto Informe de Gobierno
GUADALAJARA, Jal., 20 de Junio 2016.- Ahora que se avaló a nivel federal el Sistema Nacional Anticorrupción, Jalisco hará lo propio en su legislación, y el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Ismael del Toro Castro manifestó que en el tema de la desaparición del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), para crear un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa ellos prpondrán que se les indemnice a los actuales magistrados que integran este órgano para evitar que sigan prestándose los actos de corrupción.
“Yo creo que la Reforma debe ser completa. Debe haber borrón y cuenta nueva, y se debe de indemnizar como a cualquier trabajador al haber una Reforma Constitucional y hay casos como el Instituto Electoral de Participación Ciudadana que al modificarse la estructura del organismo, pues también no tiene por qué respetarse a las personas que estaban ahí”, indicó.
No obstante, manifestó que el artículo transitorio octavo de la Constitución Federal violenta la constitución dado que invade la esfera del Constituyente federal, ya que establece que deberá respetarse el cargo que ya ocupaban los magistrados, al cual se lee:
“Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, por el tiempo que hayan sido nombrados”.
En este sentido, el diputado emecista señaló que impulsará que los actuales magistrados sean indemnizados conforme a la ley, y que se dé los próximos nombramientos, aunque si no funcionará, dijo que los actuales magistrados podrían fungir como jueces administrativos y serían parte de la nueva estructura.
Su propuesta de cómo se integraría el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa sería a través de seis salas unitarias en las que haya un magistrado por sala, en las que se desempeñarían los actuales magistrados bajo el esquema de jueces, y una sala superior que esté integrada por tres magistrados que serán elegidos por sus capacidades, un examen de conocimientos, y una evaluación curricular ya que estarán facultados para inhibir cualquier acto de corrupción.
Otro de los puntos que propone la reforma del TAE, es la de que en medio del combate a la corrupción se establezcan juicios orales, y no sean exclusivos para los casos penales. También propone la creación de un Código Estatal Anticorrupción en el que se integre toda la legislación en esta materia.