Señala un comunicado que, en nuestro país, el trabajo de las personas menores de 15 años de edad está prohibido, y para quienes son mayores de esa edad pero no han cumplido los 18, la legislación establece condiciones específicas para su desempeño con el objetivo de salvaguardar su integridad y desarrollo.
Los datos estadísticos reflejan que los esfuerzos por erradicar la explotación de niñas, niños y adolescentes necesitan redoblarse urgentemente. En 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que el 43.1% de las niñas, niños y adolescentes que trabajaban no asistía a la escuela, que el 61.7% estaban contratados por un familiar y 31.5% se encontraban expuestos a riesgos en su trabajo. Los sectores en dónde más trabajaron en ese año son, en orden descendente: agropecuario, comercial, servicios, manufacturas, construcción y otros no especificados. También reportó que la gran mayoría de ellas(os) percibía ingresos inferiores a dos salarios mínimos, mientras que un 20% no recibía salario.
En razón al género, los niños superaban en número a las niñas en todos los sectores, con excepción del trabajo en el hogar, actividad que es considerada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una de las peores formas de trabajo infantil, pues genera múltiples violaciones a sus derechos, tales como el alejamiento del entorno familiar, deserción escolar, jornadas excesivas, así como la exposición a riesgos de salud y accidentes.
En los últimos años se han verificado ciertos avances en la erradicación del trabajo infantil, aunque de forma paulatina. La semana pasada,Thomas Wissing, director de la Oficina para México y Cuba de la OIT, dio a conocer que actualmente trabajan en el país alrededor de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, es decir, un 8.6% de la población total de esa edad, y reveló que Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los Estados con mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes que trabajan, con 14%, 11.7% y 11%, respectivamente, y cuyas actividades se concentran en el sector primario (agricultura).
La OIT reconoce que los adelantos hacia la eliminación del trabajo infantil han sido complicados, sobre todo en la agricultura, debido a la dificultad de llegar a las niñas y niños que trabajan en zonas rurales.
En 2002 ese organismo internacional declaró el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil, y la comunidad.
Es indudable que, como lo mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes locales en la materia, la atención a esta grave problemática debe ser de manera integral, requiere de políticas públicas transversales, con perspectiva de derechos y de género, orientadas a reducir la pobreza y la discriminación para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes del país tengan acceso a la educación, la salud, a vivir en familia, a otros servicios públicos de calidad y a la asistencia y protección social, para que los integrantes de las familias en situación de vulnerabilidad accedan a un trabajo que permitan que la niñez y adolescencia no tenga que trabajar.
De igual forma, se deberán articular acciones para detectar los casos de explotación laboral contra las y los adolescentes mayores de 15 años, debido a las condiciones desventajosas que enfrentan al desempeñar un trabajo autorizado.
Con motivo de esta fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión de Derechos Humanos, ambas del Estado de Campeche, se organizó el Foro “Retos en la Eliminación del Trabajo Infantil”, con el objetivo de generar y visibilizar la situación de las niñas y niños que trabajan, la de los adolescentes mayores de 15 años que desempeñan alguna actividad laboral remunerada o no, así como las violaciones a derechos que sufren diariamente, a fin de impulsar acciones y políticas públicas tendentes a su erradicación.
