Por lo anterior, la diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD, María Concepción Valdés Ramírez, aseveró que “sin duda alguna, la situación es lamentable, porque demuestra que no sólo en nuestro país existe una crisis en materia de derechos humanos, sino que en el mundo no es bien visto y valorado que éste tipo de organismos existan y puedan abonar a la construcción del respeto de éstos derechos”, se lee en un comunicado.
La legisladora señaló que tras todas las recomendaciones que la CIDH realiza a las naciones, en ocasiones no son políticamente correctas o bien vistas. Se le ha tachado de un poder supranacional o de estar por encima de los gobiernos legítimos. Por lo que considero que tendríamos la obligación de mirar hacia dentro y ser capaces de definir “gobiernos legítimos”, para después lanzar ese tipo de declaraciones.
Si la CIDH manifiesta que está en crisis, cuestionó, “¿qué podemos esperar en nuestro país con una reducción notoria de presupuesto en éste tema?”.
La materia de derechos humanos no sólo implica exclusivamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el presupuesto que recibe año con año, sino también a todos aquellos recursos que fueron desaparecidos. Eso, también son derechos humanos.
Valdés Ramírez explicó que con el Periodo Extraordinario en puerta, “confío en que los integrantes de las juntas de coordinación política del Senado y la Cámara de Diputados, dejen de utilizar el tema de Tortura como campo de negociación.
“Es imperante que nuestro país cuente con la legislación necesaria a fin de que dichas prácticas desaparezcan. Más allá de los muchos llamados de atención que los organismos internacionales nos han hecho, debe caber en nosotros la dignidad humana y el respeto a nuestros derechos humanos.
“No debemos ni podemos seguir permitiendo que un tema tan importante en la actualidad sirva de pañuelo o de terreno para negociar. Porque entonces habría que explicarles a los miles de mexicanos que han sufrido éste tipo de vejaciones, el nivel de negociación que se lleva en ambas cámaras y que está por encima de sus derechos constitucionales”.
La parlamentaria del sol azteca señaló que en nuestro país la práctica de la tortura por parte de las autoridades para obtener confesiones de crímenes, es cada día más evidenciada a través de vídeos filtrados en la red o enviados a medios de comunicación, y que ya no hay cabida en la actualidad de ser cómplices en éste tipo de actos.
“Es cierto que la actual minuta tiene puntos que son positivos y otros tantos que desearíamos fuesen incluidos. Sin embargo, desde que el Proyecto estaba en el Senado envié oportunamente mis comentarios y algunos fueron incluidos. De ninguna manera se puede negociar con el tema del respeto a los derechos humanos y estamos obligados a cumplir con los estándares y recomendaciones internacionales. Ninguna prueba de tortura debe ser excluida del proceso y menos negociada por un nuevo Sistema Penal Acusatorio”, concluyó.
