La legisladora federal, que preside la comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República, advirtió que la de justicia penal es una de las reformas estructurales más profundas y, por este carácter, necesariamente tiene que enfrentar una gran cantidad de obstaculizadores.
Sostuvo que los problemas tienen qué ver con la forma en “cómo vemos un sistema que tenemos que sepultar y rápidamente entrar a uno nuevo que nos está costando mucho trabajo, no sólo a México. Ese es un problema que se está viviendo en todos los países donde se ha implementado el nuevo sistema de justicia penal”.
Durante el desarrollo de un foro realizado en el recinto parlamentario, la senadora expuso las experiencias de naciones como Chile y Colombia, donde varios años después de la entrada en vigor del nuevo sistema siguen enfrentando una gran cantidad de dificultades.
Las facultades de derecho, indicó la senadora, siguen educando a los estudiantes conforme al sistema anterior; consideró necesario hacer el esfuerzo para capacitar permanentemente, para evaluar dónde están las dificultades en policías, fiscales, ministerios públicos, a fin de lograr cambios en el Poder Judicial.
Implica ‘deconstruir hacia dentro de las instituciones para armonizar lo que señala la Constitución Política para transitar hacia un nuevo sistema. Adelantó que el Centro de la Investigación para el Desarrollo A. C. (Cidac) ha realizado un diagnóstico de la Federación y los estados con respecto a esta reforma.
El secretario de la Mesa Directiva, senador Luis Humberto Fernández Fuentes, consideró que la reforma no trae la certeza de que el nuevo sistema dé los resultados que esperamos o de que vaya a haber más justicia.
“Cómo abordamos un problema para evitar precisamente que las instituciones se conviertan en algo contrario a lo que fueron creadas”, preguntó. Advirtió que cuando las instituciones dejan de cumplir su objetivo funcionan para lo contrario: una institución que busca justicia y no lo hace, se vuelve agente de la injusticia.
El tema de fondo es cómo hacemos que esta reforma no se convierta en un agente de la injusticia y cómo logramos un equilibrio entre los derechos humanos ya ganados contra una operatividad de un Estado.