Impulsa GPPRD Ley General para Prevención de Desplazamientos Forzados

Contreras Julián afirmó que este llamado se hizo al Congreso de la Unión mediante un proyecto de reforma presentado el 12 de noviembre de 2015, en el que puntualmente se señaló que la situación actual de México debiera poner en estado de alerta a todos los Poderes del Estado pues se trata de violaciones constantes a los derechos humanos y que afecta principalmente a los grupos más vulnerables.

No es un asunto menor, añadió, toda vez que en el Informe Especial de la CNDH se señala que las entidades de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán son las principales entidades con reporte de desplazados. Asimismo, se estiman en 35 mil personas reportadas por las autoridades estatales y municipales, además de las seis mil 685 que están en los registros de los organismos locales de derechos humanos, y 16 mil 92 a los que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas atendió en los dos años recientes.

“Si bien existe una problemática sobre los desplazamientos internos de manera forzada, no existe una base legal para dar atención a las situaciones de violaciones de derechos humanos que existen en torno a ellos; por ello coincidimos con el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez al afirmar que una de las principales dificultades para abordar esta temática es que no existe una norma que establezca el término desplazamiento forzado interno o que establezca un marco de actuación frente al mismo”, recalcó Contreras Julián.

Afirmó la legisladora que “se han atendido las recomendaciones del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre los desplazados internos, Francis Deng, titulado Pautas sobre los desplazamientos: México, encaminadas a establecer medidas que satisfagan las necesidades de los desplazados, se brinde una protección inmediata ante la violación de sus derechos y se resguarde su integridad física”.

Y remató recordando que la ONU establece que éste es un problema que se caracteriza por afectar a los grupos más desprotegidos, con carencias de medios de subsistencia así como de cualquier mecanismo para hacer valer sus derechos. En tanto éstas personas no sean tomadas en cuenta por las instituciones que deben velar por sus derechos, enfrentan altos riesgos de abusos, explotación e inclusive de ser privados de la vida.