Congreso mexicano debe seguir juicio político de Dilma Rousseff: GPPRD

“Formalmente el Senado inició el juicio en torno a una figura legal de la Constitución llamada delitos de responsabilidad, que juzga posibles delitos cometidos por el Ejecutivo que no son de carácter penal sino político administrativo y sólo los puede evaluar el Senado”, detalló.

La legisladora, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, explicó que, según el informe del senador Anastasia, presidente de la Comisión Especial del Senado brasileño, se trata de dos tipos de delitos: uno es el posible financiamiento del déficit gubernamental por parte de bancos oficiales, cuestión prohibida explícitamente por la ley; el segundo es la firma de decretos de créditos suplementarios que no pasaron por el Congreso.

“La comprobación de estos presuntos hechos será la materia del juicio político”, manifestó Soto González.

“Se trata de cuestiones técnicas para las que ambas partes han presentado argumentos. Es importante recalcar que la presidenta Rousseff no ha sido declarada culpable, solo se evaluó por una mayoría de 55 senadores que hay suficientes indicios para iniciar el juicio”, añadió la diputada, quien se desempeñó como embajadora de México ante Brasil del 2001 al 2006.

Recalcó que hay otros dos procesos que han impactado en el caso: la grave crisis política que redunda en un desgaste de la aprobación de la mandataria brasileña que está por debajo del 10 por ciento, influido por los escándalos de corrupción en torno al Partido de los Trabajadores, así como a los partidos aliados y a un gran número de políticos de todos los partidos. A lo que se suma la grave crisis económica que ha sumido a Brasil en una fuerte recesión y que la opinión pública achaca a malas decisiones tomadas por la presidenta Rousseff.

Este desgaste económico y político, subrayó la diputada del Sol Azteca, explica el debilitamiento de la fuerte base parlamentaria aliada con la que Rousseff inició su mandato, en enero de  2011, y que se evidencia en el hecho de que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado el apoyo a la presidenta no sumó  25 por ciento.

Por ello, desde su punto de vista, “el Congreso mexicano debe seguir con atención y respeto el actual proceso de juicio político, atento a las formalidades que garanticen la adecuada defensa de la presidenta brasileña.  Compartimos con Brasil un sistema presidencialista que en el caso de profunda insatisfacción con el/la gobernante no prevé  mecanismos de destitución como el voto de no confianza de los sistemas parlamentarios.

“El Congreso brasileño ha hecho uso de una modalidad de revocación de mandato, figura que en México ha sido invocada frecuentemente como figura necesaria a incluir en la Constitución”.

Soto también llamó la atención sobre  el nuevo papel jugado por el Ministerio Público y el Poder Judicial en la persecución y castigo a la corrupción y como protagonista este último en el equilibrio de poderes, ahora con mayor peso frente al desgaste que la crisis política ha infligido a los poderes legislativo y ejecutivo”.

Consideró que la presidencia interina del vicepresidente Michel Temer enfrenta un situación extremadamente delicada por lo grave de la situación económica y por la polarización política y aseguró que no es imposible que surjan nuevos hechos políticos que acoten su presidencia u obliguen a convocar elecciones, lo que requeriría una reforma constitucional.