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GUADALAJARA, Jal., 6 de abril de 2016.- El diputado Ortega Álvarez indicó que en el caso que se le sigue a la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez López, será necesaria la intervención del congreso del estado local para que la Procuraduría General de la República (PGR), ejecute acción en contra de la legisladora, por la falsificación de documentos y vínculos con el narcotráfico.
“Tenemos una situación particular ya que la Constitución establece que en la Declaración de Procedencia en contra de legisladores locales es necesario que además del juicio de procedencia que se desahoga en la Cámara de Diputados, el Congreso de Sinaloa, también deberá participar y declarar en última instancia si la PGR puede proceder en contra de la parlamentaria” explicó el legislador federal.
Al referirse a los tiempos legales, el legislador precisó que la Cámara baja tiene un plazo máximo de “60 días hábiles, por lo cual en caso de que la Sección Instructora encuentre elementos suficientes sobre la probable responsabilidad de la diputada por la comisión del delito de uso de documento público falso, tendría que establecerse un periodo extraordinario después de abril para que la Cámara de Diputados se erija en Jurado de Procedencia”.
El secretario de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Omar Ortega Álvarez, informó que el próximo viernes concluye la etapa de ofrecimiento de pruebas, para que esta instancia legal clasifique las pruebas, las seleccione, las admita y se abra un periodo de 20 días para que se lleve a cabo el desahogo de pruebas en contra de la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN).
En ese sentido, cuando existe una acusación en contra de servidores públicos de alto nivel como los legisladores, gobernadores y titulares de los órganos autónomos y los ministros de la corte que gozan de inmunidad., la PGR forzosamente debe solicitar a la Cámara de Diputados que le retire la inmunidad al servidor público para que se pueda proceder en su contra de cualquiera de estas personalidades.
Recordó que dentro de los casos más relevantes que ha tenido que resolver la Sección Instructora durante la historia de la Cámara de Diputados, resaltan los dictámenes que emitió para retirar la inmunidad del entonces senador Jorge Díaz Serrano, del diputado Julio César Godoy Toscano, y del entonces regente Oscar Espinoza Villareal.
“En los procesos de Juicio de Procedencia que se han iniciado la Cámara de Diputados en la historia contemporánea de nuestro país, tenemos contabilizados aproximadamente dieciséis casos, aunque no todos ellos han logrado culminar hasta la última etapa en la que la Cámara de Diputados se erige en Jurado de Procedencia para retirar la inmunidad del servidor público o legislador”, subrayó.