“Permitir que las cosas sigan como están –señaló– es imposible. Tolerar las violaciones a derechos humanos es traicionar el futuro. La transformación que se requiere no debe hacerse por interés o conveniencia política, es y debe ser un imperativo moral, tanto para las instituciones del Estado como para los organismos defensoras de derechos humanos”.
Al dirigirse a todos los reunidos en el salón “Adolfo López Mateos” de la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente de la CNDH puso en relieve que la sociedad cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones, lo que se agrava por un entorno donde la pobreza y los niveles de desigualdad imperantes, así como los problemas de violencia, inseguridad y carencias, son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático y social de derecho.
La necesidad de atención a las demandas sociales urgentes –precisó– ha propiciado, inclusive, que se busquen soluciones al margen de la ley, como la renuncia del Estado, en el terreno de los hechos a su función básica de brindar seguridad a la población y delegar esa atribución a grupos civiles armados en un intento equivocado de reducir los niveles de criminalidad y violencia.
“Michoacán –sentenció— ha sido una desafortunada prueba de ello. La verdadera vigencia de los derechos humanos demanda el emprender, con toda urgencia y responsabilidad, el abatimiento de la corrupción, problema que tiene mucho que ver con la impunidad lacerante que ha debilitado los cimientos de nuestro Estado de derecho”.
González Pérez subrayó que los derechos humanos no son ni deben ser vistos como un recurso o vía para la ilegalidad, y que la CNDH se ha pronunciado en todo momento por el cumplimiento y aplicación de la ley, como marco necesario para la convivencia social pacífica, el reconocimiento y el respeto de la dignidad de las personas, lo que contribuye al efectivo acceso a la justicia y a la vigencia de los derechos de las víctimas del delito.
“Urge que se cumplan –explicó— las órdenes e instrucciones que se han girado para que todas las instancias de gobierno, sin excepción, reconozcan, respeten y promuevan los derechos humanos. Debemos trascender las etapas del discurso y la denuncia para consolidar en los hechos acciones que materialicen la voluntad expresada y encaucen las denuncias formuladas.
Tras mencionar que no hay niveles o cifras aceptables de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o ataques a periodistas y defensores civiles, puntualizó que un solo caso es demasiado y debe mover a todas las instancias del Estado a la acción, para que se castigue y se prevenga su repetición.
Dio a conocer que las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia en 2015, fueron: prestación indebida del servicio público, en 3 mil 152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, mil 871; omitir proporcionar atención médica, mil 697; detención arbitraria, 879; trato cruel, inhumano o degradante, 663; acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes, 602; negligencia médica, 490; omitir fundar el acto de autoridad, 481; omitir motivar el acto de autoridad, 452, y prestar indebidamente el servicio de educación, 431.
Igualmente, refirió que las autoridades más señaladas como probables responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, en dos mil 185 casos; Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 308 casos; Policía Federal, 783; PGR, 761; ISSSTE, 705; Instituto Nacional de Migración, 688; Sedena, 620; SEP, 548; Semar, 373, y CFE, 316.
González Pérez reveló que se registraron 327 expedientes en que se reportó la desaparición de 453 personas, pero sólo en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitar una presunta desaparición forzada.
Enfatizó que una importante vía de atención de los casos es la conciliación, donde a propuesta de la CNDH y con base en opiniones de autoridad y quejoso, se llega a un acuerdo, siempre dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, donde la autoridad acepta su responsabilidad y se acuerdan diversas medidas de reparación del daño y perjuicios causados a la víctima.
En el periodo que se reporta, dijo que la CNDH emitió 60 Recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, como el IMSS, con 13 Recomendaciones; Comisión Nacional de Seguridad, siete; Gobierno del estado de Chiapas, ISSSTE, Instituto Nacional de Migración y PGR, cada uno de ellos con tres Recomendaciones.
Puso énfasis en la emisión de la Recomendación 3VG 2015, por violaciones graves a derechos humanos, con motivo de lo ocurrido el 6 de enero del año pasado en Apatzingán, Michoacán.
Dijo que allí quedaron de manifestó ejecuciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, imputables a la Policía Federal, así como omisiones e inconsistencias en las actuaciones ministeriales, que es necesario sancionar conforme a derecho.
El presidente de la Comisión Nacional apuntó que en el Informe se detallan los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán, que han puesto a prueba a las instituciones del Estado, incluida la CNDH, evidenciaron carencias y falta de respuesta de autoridades de los tres órdenes de gobierno a distintos problemas sociales, así como la debilidad del Estado de derecho en varias regiones del país.
Sobre lo ocurrido a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, indicó que se presentó el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala y advirtió la necesidad de fortalecer las investigaciones que realiza la autoridad, consolidando los medios de convicción que las sustentan, para que no haya omisiones o deficiencias que tengan como consecuencia que los responsables no puedan ser sancionados y los hechos queden impunes.
Agregó que el reciente informe de un grupo de especialistas internacionales en fuego, presentado por la Procuraduría General de la República, donde se establece que existió un incendio en el basurero de Cocula la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, será incorporado a las constancias que integra en la investigación del Caso Iguala. Esta evidencia científica denominada Tercer Análisis de Fuego –añadió— será valorada integralmente junto con las pruebas que obran en el expediente de la CNDH. Reiteró que la ciencia debe guiar las investigaciones y sus resultados debe valorarse jurídicamente con todos y cada uno de los medios de prueba constantes en el expediente.
Luego de mencionar y condenar que no puede permitirse la impunidad en los casos de violencia y ataques contra mujeres, como los que se presentan en Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Veracruz, Quintana Roo y Estado de México, señaló que las instancias de procuración de justicia deben investigar y dar trámite oportuno y debido a las denuncias en esta materia, para que las responsabilidades se determinen y sancionen conforme a la ley, pues cada caso que permanece impune incentiva nuevas agresiones.
Afirmó que los grupos vulnerables y los sectores marginados son los más afectados por la corrupción imperante en nuestro país. Calificó de inadmisibles la exclusión y discriminación de comunidades indígenas, abusos y agravios a niñas, niños y adolescentes, violencias por cuestión de género o preferencia sexual, discriminación y falta de inclusión de las personas con discapacidad, la difícil situación que enfrentan los adultos mayores, la afectaciones al medio ambiente, la destrucción y pérdida del patrimonio cultural y la falta de acceso a la justicia para todas y todos.
Puso en relieve que la CNDH investiga, determina y se pronuncia sobre violaciones a derechos humanos, y no le corresponde la persecución de delitos o la imposición de penas, facultad expresa de las autoridades ministeriales o judiciales correspondientes que están sujetas a formalidades y procedimientos distintos.
González Pérez lamentó que aún exista la tentación de identificar la causa de los derechos humanos con la defensa de delincuentes o ver esos derechos como un obstáculo para el debido y oportuno desarrollo de las funciones estatales.
Aseguró que la CNDH busca la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, lo que lleva implícita la debida y oportuna observancia y aplicación de la ley.
Detalló que la defensa y promoción de los derechos humanos, con base en lo previsto en la Constitución y en distintos instrumentos internacionales, imponen honrar las obligaciones que en ejercicio de nuestra soberanía adquirimos con los sistemas universal y regional de derechos fundamentales. De ahí la colaboración permanente con representantes y grupos de trabajo de distintas instancias internacionales.
Asimismo, precisó que se debe reconocer públicamente, tanto por las autoridades federales como estatales, el trabajo que desempeñan las defensoras y defensores de derechos humanos.
“Si nuestros intereses y objetivos son comunes no hay razón para que caminemos por rutas distintas. Hago un respetuoso llamado, tanto al Ejecutivo Federal como a los locales, para que impulsen acciones en este sentido”, expresó.
“Tierra Blanca y Papantla parecerían reiterarnos que seguimos sin aprender, valorar y dar sentido a las múltiples lecciones que nos han dado el dolor y el sufrimiento de las víctimas de nuestro país. En la coyuntura crítica que enfrenta el país, es preciso actuar y que el eje de esa actuación sea, como en su oportunidad lo dijo Jorge Carpizo, que cada día se protejan y defiendan mejor nuestros derechos humanos, lo cual es el alma y el corazón del fortalecimiento del Estado de derecho”, concluyó
