Promueven acceso libre en playas de Jalisco

GUADALAJARA, Jal., 15 de Marzo 2016.- El Estado de Jalisco  tiene 342 kilómetros de litoral, sin embargo, alrededor del 82 por ciento de este territorio ha sido concesionado a particulares por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo que el diputado  de Movimiento Ciudadano, Ramón Demetrio Guerrero Martínez propone realizar adecuaciones a la ley federal y estatal para que no existan lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido de las playas y bienes de uso común, por el contrario se garantice su libre acceso.

Guerrero Martínez expresó que aunque la Ley General de Bienes Nacionales refiere que las playas deben ser libres y que cualquier persona puede acceder a ellas, en ningún apartado obliga los particulares a que no existan restricciones y que de esta manera todas las personas puedan aprovechar las playas:

“El que la ley nos dice, sí deben ser playas de uso público, común, pero no existe la obligatoriedad hacia el particular para que tenga que hacerlo. Entonces estamos implementando la iniciativa de reforma al articulo 15 de la constitución local, en donde establece los derechos de todas las personas de acceder y disfrutar de las playas y bienes inmuebles de uso común”.

En este sentido, manifestó que buscarán involucrar a la ciudadanía para que pueda opinar acerca de cualquier desarrollo turístico, es decir, que puedan participar, oponerse o denunciar situaciones que representen una afectación al derecho de accesibilidad de la zona costera del estado.

“Todo ciudadano puede manifestarse en donde se están oponiendo a tener acceso directo a las playas. Y también quiero decir que todo desarrollo de aquí para adelante tendrá que ser consultado con la sociedad (…) Esta iniciativa eso busca, que en el desarrollo  turístico de todos los municipios y en la entidad  tenga que contemplarse y hacerse con el apoyo de la ciudadanía y en beneficio de la población”, detalló.

Refirió que aquellas personas que violenten esta ley serán sujetas a sanciones, según dijo estas podrán ir desde la demolición de construcciones, el retiro de concesiones  o usos que se les haya dado a los  propietarios, hasta la imposición de multas que ascenderán hasta en un millón 460 mil pesos a quienes impidan el acceso público a las personas.