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GUADALAJARA, Jal., 25 de febrero de 2016.- Este miércoles se firmó el convenio de coordinación para la excarcelación de indígenas privados de su libertad, entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal Indígena (CEI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Con este convenio, el gobierno del estado se compromete o estaría obligado a cumplir, con lo dispuesto en la Ley Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que desde su creación y reforma ha sido letra muerta. A saber, la asesoría legal a reos de origen indígena, así como la habilitación de interpretes en juzgados y salas de juicio.
El último dato en relación a la población penitenciaria indígena que existe en Jalisco, señala a 74 personas recluidas y sentenciadas en los 45 centros carcelarios del estado, todos por delitos grave, de acuerdo con la CDI.
En este sentido, la coordinación que generarán la triada de dependencias, será para la creación de un censo indígena penitenciario, con el objetivo de conocer la realidad que viven los centros carcelarios y los mexicanos indígenas al interior de las cárceles de Jalisco.
Por otro lado, la CEI tendrá la obligación de reportar a su par federal, los casos de nuevos presos de origen indígena para que la CDI aporte los recursos y acompañe los procesos penales de los acusados.