Negación de Profepa por Tajamar no ayuda a reparar el daño: PAN

Por ello, Acción Nacional exige a la propia Profepa, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al gobierno de Quintana Roo rendir cuentas sobre sus acciones y decisiones, y responder las siguientes preguntas:

1) Si las empresas dueñas de predios en Tajamar podían utilizar los permisos otorgados a Fonatur, ¿por qué se solicitaron otras Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) por parte de algunos organismos privados para participar en dicho proyecto, como la relativa al proyecto “Conjunto Residencial Malecón Cancún”, ingresado el 20 de septiembre de 2012, y que obtuvo un resolutivo negativo el 11 de marzo de 2013

2) ¿Por qué no son públicos los documentos correspondientes a la prórroga de la MIA emitida en 2005, así como los permisos de cambio de uso de suelo y las prórrogas a los mismos a los que hace alusión FONATUR? ¿Cuándo se darán a conocer?

3) El resolutivo de la MIA otorgada en 2005 fue declarado en sentido “Afirmativo con condiciones”. PROFEPA, en la más reciente conferencia de prensa, dio a conocer únicamente el incumplimiento de FONATUR en el caso de 10 lotes del total de 44 que comprende el total del Malecón Tajamar. ¿FONATUR cumplió con todas las condiciones que estableció SEMARNAT para el total del predio? ¿Qué compensación forestal se pagó por el desmonte? ¿Quién la pagó y cuándo se pagó?

Durante la administración del Presidente Felipe Calderón, el 1 de febrero de 2007, se adicionó a la Ley General de Vida Silvestre el artículo 60 Ter, con el que se brinda protección a los manglares. Con base en él, se han negado autorizaciones a proyectos que dañen este tipo de ecosistemas.

Con las políticas impulsadas por el Presidente Felipe Calderón, entre ellas aumentar la categoría de riesgo (de “Protección Especial” a “Amenazada”) asignada a todas las especies de mangle existentes en México, se logró reducir a la mitad la tasa anual de pérdida del manglar.

Concretamente sobre el proyecto del Malecón Tajamar, agregó Anaya Cortés, la administración del Presidente Calderón demostró su voluntad para, más allá de adoptar una cómoda posición de pasividad escudado en autorizaciones y trámites burocráticos, detener la intervención irresponsable en los ecosistemas de mangle en Cancún.

En este sentido, despidió e inhabilitó en 2007 a un funcionario federal, delegado de SEMARNAT en Quintana Roo, Rafael Muñoz Berzunza, hoy Secretario de Ecología y Medio Ambiente del gobierno de Quintana Roo.

Ricardo Juárez Palacios, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, quien autorizó en 2005 la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Tajamar, fue investigado e inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.

“Las decisiones individuales de funcionarios públicos no pueden servir como justificación para violar la ley. Exigimos al gobierno federal redoblar esfuerzos para frenar la crisis ambiental en Tajamar y sancionar a los funcionarios responsables”, enfatizó el dirigente del PAN.

Acción Nacional hace un enérgico llamado a la actual administración federal, al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Benito Juárez, a dejar de evadir su responsabilidad en el asunto, así como a fincar responsabilidades con el fin de garantizar que quien haya incurrido en violaciones, enfrente a la justicia.